El Congreso está preparado para examinar una reforma legal anunciada por Junts y pactada con el Gobierno, que obligará a que empresas con más de 250 trabajadores, una facturación superior a 50 millones de euros o aquellas que presten servicios de interés general ofrezcan atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado. Esta reforma, sin importar la ubicación de la empresa, es vista como un impacto significativo para el sector empresarial.
El próximo martes se ha agendado una reunión de la ponencia en el Congreso que analizará esta norma a puerta cerrada. Según fuentes parlamentarias, aseguró Europa Press, la reunión se celebrará el 23 de septiembre, una semana después de la cancelación de una ponencia inicial. Este anuncio por parte de Junts ha generado desacuerdos con PP y Vox.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aclaró que el Gobierno continúa en negociaciones con la intención de que la atención en lenguas cooficiales esté garantizada donde sean oficiales, sin afectar a pequeños comercios. Destacó que las grandes empresas deberán asegurarse de responder reclamos en catalán, gallego o euskera según la oficialidad de estas lenguas, aunque ofrezcan sus servicios a nivel nacional.
La ponencia empezará a estudiar las 234 enmiendas registradas, incluyendo múltiples propuestas de Junts.
Estas enmiendas subrayan que las empresas deben responder en la misma lengua en la que se reciben las consultas, quejas o reclamaciones.
La medida impactaría a sectores como energéticas, comunicaciones, transporte y plataformas audiovisuales, entre otros.
Junts también enfatiza la formación obligatoria en catalán para el personal de atención al cliente en estas empresas. El borrador del proyecto había indicado inicialmente la necesidad de responder en la lengua del contrato y al menos en castellano, pero la influencia de Junts ha llevado a cambios significativos.
El proyecto de ley también prohibirá las llamadas spam, obligando a renovar el consentimiento cada dos años y clarificando procesos para renovación y cancelación de servicios. Además, busca proteger a los consumidores de reseñas falsas y precios engañosos en ventas online.
La ponencia determinará el texto final antes de enviarlo a comisión y posteriormente al Pleno del Congreso. El proceso continuará en el Senado con los mismos pasos de tramitación.
