El Congreso ha rechazado la admisión a trámite de una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) destinada a implementar ayudas fiscales para aliviar los costes de producción en el sector agrario. La negativa ha sido encabezada por el voto en contra del PSOE, Sumar y otros partidos de izquierda, a pesar de contar con el apoyo de Junts y UPN. Vox, por su parte, optó por la abstención.
El objetivo de la propuesta era promover al sector alimentario español como un pilar fundamental de la economía nacional. Para ello, contemplaba un amplio paquete de medidas fiscales, entre las que destacaba la aplicación del tipo mínimo de IVA permitido a la energía y las compras realizadas por productores agrícolas, ganaderos y forestales.
La discusión parlamentaria elevó el tono entre Vox y el PP, con fuertes críticas sobre las políticas actuales en Bruselas. Vox acusó al PP de interferir negativamente en el sector primario, mientras que Javier José Folch, portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, calificó a Vox de «populista». Folch recordó momentos en que Vox tuvo poder de decisión en gobiernos autonómicos y criticó su salida de los mismos, afirmando que preferían la comodidad de la oposición.
El PP presentó una ley para defender al sector primario mientras, según Vox, pacta en Bruselas con el PSOE políticas que limitan la actividad agroganadera y menosprecian a los trabajadores españoles.
Entre los argumentos del PSOE y sus aliados, Trinidad Carmen Argota, diputada socialista, explicó que el rechazo se debe a que la ley no aporta herramientas nuevas y útiles, calificándola de repetitiva y diseñada para provocar más ruido que soluciones efectivas. En términos similares, Toni Valero de Sumar enfatizó que la propuesta carecía de certeza para agricultores y consumidores y que se basaba en ideologías de mercado engañosas respecto a la seguridad hídrica.
Por otro lado, Joseba Andoni Agirretxea del PNV destacó aspectos positivos de la propuesta como la reducción del IVA de los insumos y el acceso al mercado de carbono. Sin embargo, advirtió sobre el enfoque centralista del proyecto. Similares críticas llegaron desde Junts, con Isidre Gavín tildándola de «generalista». Mikel Otero de Bildu y Teresa Jordá de ERC también mostraron escepticismo hacia la iniciativa, catalogándola de ideológica y declarativa.
El campo español reclama que se le deje trabajar en paz, mientras enfrenta reglas desiguales de competencia.
Finalmente, Podemos, a través de Martina Velarde, cuestionó la postura del PP por proponer una ley que aparentemente protege el sector primario, mientras en ciertos territorios facilita modelos cuestionables, como las macrogranjas. La votación y fuertes discusiones reflejan una división de opiniones sobre la estrategia adecuada para fortalecer el sector primario en el país.
