En una sesión marcada por la polémica, el Congreso ha rechazado una proposición no de ley presentada por Vox que solicitaba expresar el rechazo explícito de España a la propuesta de la Comisión Europea de integrar la Política Agraria Común (PAC) en un fondo presupuestario común, reduciendo su presupuesto en más del 20% para el periodo 2028-2034. A pesar de contar con el apoyo del Partido Popular (PP), UPN y Coalición Canaria, la iniciativa fue desestimada gracias a la oposición del PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu, Podemos, además de los diputados del Grupo Mixto José Luis Ábalos y Águeda Micó.
El grupo parlamentario de Vox exigía no solo el rechazo al recorte presupuestario, sino también que el Gobierno mantuviera la PAC con un estatus propio, diferenciado y con autonomía presupuestaria. Sin embargo, el Congreso no solo rechazó este punto, sino todos los demás incluidos en la propuesta.
Entre los puntos adicionales que no prosperaron se encontraba la solicitud de defender en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo una PAC al servicio de los agricultores y ganaderos europeos, centrada en los principios de preferencia comunitaria, estabilidad de rentas, seguridad alimentaria y desarrollo rural.
Rechazo a una alianza estratégica
Otro de los puntos de la propuesta pedía al Ejecutivo promover una alianza con otros Estados miembros que compartan una visión estratégica del campo europeo, buscando conformar un bloque de defensa de la agricultura y la soberanía alimentaria. El Congreso, no obstante, rechazó esta petición.
Vox también intentaba que el Congreso se opusiera a cualquier intento de subordinar la PAC a los «objetivos ideológicos del Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030». Además, proponían impulsar una revisión integral del actual marco de la política agraria con el objetivo de reducir la carga burocrática y restaurar la flexibilidad nacional en su aplicación.
El rechazo de la propuesta refleja un claro desacuerdo entre los partidos políticos sobre la dirección futura de la PAC y la soberanía alimentaria de España
La decisión final del Congreso muestra un firme respaldo a la visión del actual Ejecutivo y sus aliados respecto a la política agraria y sus alineamientos con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
