El Congreso ha decidido aplastar durante dos semanas la decisión sobre la reforma legal propuesta por Junts. Esta reforma busca obligar a las empresas con más de 250 empleados, que facturen más de 50 millones de euros o que presten servicios de interés general, a ofrecer servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, independientemente de su ubicación.
La reforma se incluye en una serie de enmiendas presentadas en el Congreso a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, comenzando su análisis en la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales. En esta fase, los diputados de distintos grupos se reúnen a puerta cerrada para organizar e incluir algunas de estas enmiendas al texto.
Parlamentarios han confirmado a Europa Press que ya se ha incluido un primer paquete de enmiendas, pero se ha preferido posponer el asunto de las lenguas cooficiales para una segunda ponencia en la semana del 8 de octubre.
Postura del PSOE y el Ministerio de Consumo
Aunque Junts insiste en que la medida afectará a las grandes empresas sin importar su ubicación, el Ministerio de Consumo de Sumar y el PSOE matizan que su aplicación será solo en las comunidades autónomas con lengua cooficial reconocida.
La diputada socialista y ponente del proyecto, Noelia Cobo, sostiene que la intención del PSOE ha sido, desde el inicio, circunscribir el uso de lenguas oficiales a las comunidades autónomas bilingües. «Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir en esa línea en la que lleva desde el primer minuto», afirmó Cobo, quien confía en que se llegará a un acuerdo satisfactorio sobre este tema.
