El Pleno del Congreso ha tomado la decisión este martes de no admitir a trámite la reforma de la Ley del Suelo, acordada entre el PSOE y el PNV, la cual busca limitar el impacto de las denuncias sobre los proyectos de ordenación urbanística. Esta iniciativa ha recibido críticas tanto del PP como de sus socios de gobierno como Sumar, Podemos, ERC y Junts, entre otros.
Los votos negativos de PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu y Podemos han superado ampliamente a los votos a favor de PSOE, PNV y Coalición Canaria. Por otra parte, Vox optó por abstenerse en esta votación. Cabe recordar que esta normativa es prácticamente la misma que el Gobierno había presentado en solitario en mayo del año pasado y que tuvo que retirar debido a la falta de apoyos parlamentarios, ya que Sumar, ERC, Podemos y Junts se oponían y el PP no garantizaba su apoyo.
La norma plantea un listado de defectos formales que podrían llevar a la nulidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística con el fin de evitar que individuos se beneficien de la normativa vigente presentando reclamaciones que luego son retiradas tras alcanzar acuerdos económicos. Las críticas que surgieron en la ocasión anterior se repiten en este nuevo intento.
Desde Sumar y Podemos, se acusa a la norma de fomentar un «pelotazo urbanístico». Junts destaca la invasión de competencias, mientras que ERC menciona que es similar a una propuesta del PP de 2018. Por su parte, el PP considera que el texto es insuficiente y demanda una reforma más profunda para abordar la crisis de vivienda.
La diputada del PNV, Maribel Vaquero, defendió la propuesta, reiterando que los puntos de la ley “son idénticos” en algunos aspectos a los planteados por el PP. Reafirmó que el rechazo del PP a esta ley sería complicado de justificar, añadiendo que las reformas son necesarias para evitar que proyectos urbanísticos sean anulados por errores corregibles.
Acotar la nulidad de los planes y facilitar la posibilidad de subsanación de los vicios no supone, per se, una actuación especulativa
Desde Podemos, Noemí Santana argumentó que esta propuesta limitaría la impugnación de proyectos a los cuatro primeros años, una práctica que podría tardar décadas en detectar irregularidades. Mientras tanto, Alberto Ibáñez de Sumar acusó a la ley de ser un “copia y pega” de una anterior presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Finalmente, Marta Madrenas de Junts advirtió sobre los “patrones legislativos recentralizadores” presentes en el texto. En contraposición, el diputado del PP, Miguel Ángel Sastre Uyá, destacó que la propuesta actual solo modifica dos leyes de manera superficial, contrastando con la propuesta de su partido, que busca una reforma exhaustiva abarcando hasta seis leyes en el ámbito de la vivienda.
