El Pleno del Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar hoy las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, que buscan devolver al Gobierno el proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Estas formaciones políticas cuentan con una mayoría absoluta combinada que podría resultar decisiva para frenar el avance de la norma.
El proyecto en riesgo: la votación decisiva en el Congreso
Los líderes del PP, Vox y Junts han presentado enmiendas por separado, pero coinciden en su objetivo de devolver el texto al Ejecutivo. La votación será única y, con una suma de 177 diputados, estas formaciones podrían neutralizar la iniciativa impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz.
El PSOE había manifestado su interés por extender el plazo de negociaciones, pero Sumar aceleró el cierre de las enmiendas en junio. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo esperaba lograr un acuerdo con Junts para retirar su veto, intento que no ha prosperado, ya que Junts confirmó que seguirá con su decisión de rechazar el proyecto.
Implicaciones y respuestas de los actores políticos y sociales
El Gobierno, pese a anticipar una posible derrota, no tiene intención de retirar la norma y ve necesario que las demás formaciones muestren su posición. La vicepresidenta Díaz y Patxi López, portavoz del PSOE en la Cámara Baja, han comunicado que, en caso de que la ley sea rechazada, llevarán el proyecto de nuevo a la Cámara, aunque esto retrasaría la tramitación al requerirse un nuevo texto.
Tanto CCOO como UGT, encabezados por Unai Sordo y Pepe Álvarez respectivamente, han convocado una concentración en Madrid para presionar por la reducción de la jornada laboral, acompañada de manifestaciones en varias comunidades y provincias españolas. Los líderes sindicales han enfatizado la importancia de reducir la jornada en alrededor de 15 días laborales y conseguir un incremento salarial del 7% para quienes actualmente trabajan 40 horas semanales.
Pese a la posible derrota legislativa, los sindicatos han declarado que no cesarán sus esfuerzos y seguirán presionando políticamente por este objetivo durante toda la legislatura. Han exigido al Gobierno que, en caso de ser necesario, presente un nuevo proyecto de ley y regule el control horario mediante real decreto.
