El próximo martes, 25 de noviembre, el Pleno del Congreso debatirá y votará una propuesta legislativa presentada por Sumar para reformar la Ley de Vivienda de 2023. El objetivo central de esta reforma es prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan adquirir viviendas en España. Este movimiento es impulsado por Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, quien busca «poner freno» a la especulación en el sector inmobiliario, acción que es vista como urgente y prioritaria por el grupo plurinacional de Sumar.
La iniciativa de Sumar sostiene que el derecho de disfrute de la vivienda debe aplicarse a personas físicas, quienes pueden experimentar el uso y disfrute pleno de habitar un hogar. El grupo parlamentario argumenta que la posesión de viviendas residenciales por personas jurídicas responde más a intereses de inversión que a necesidades habitacionales. Por este motivo, proponen restringir el derecho de propiedad de inmuebles residenciales a personas físicas, mientras que las personas jurídicas solo podrían tener propiedad de aquellos inmuebles destinados a actividades económicas.
Alberto Ibáñez defiende que la propuesta es coherente con la Constitución y con el derecho europeo. Durante la presentación de la iniciativa en abril, declaró su confianza en obtener una mayoría parlamentaria suficiente para admitirla a trámite, describiéndola como una propuesta «conservadora».
Estoy convencido de que el PNV y Junts se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitre y, por tanto, creo que puede gozar de esa mayoría parlamentaria
Aunque Ibáñez expresó su deseo de discutir el límite de propiedades que puede poseer una persona, reconoció que en el Parlamento no hay consenso sobre este tema. Sin embargo, destacó que existe un apoyo transversal, desde la extrema derecha hasta la izquierda, para frenar la especulación de empresas y fondos de inversión con la vivienda.
