El Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar el próximo jueves un real decreto-ley impulsado por el Gobierno, cuyo objetivo es proteger la economía española del impacto potencial de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reanudado esta semana sus negociaciones con todos los grupos parlamentarios, con la mirada puesta en la convalidación del decreto que fue aprobado en semanas anteriores por el Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de abril la movilización de un total de 14.100 millones de euros para mitigar los efectos negativos de la guerra comercial que Estados Unidos ha emprendido. Dentro de las medidas contenidas en el plan, las que se activan mediante el real decreto-ley alcanzan una suma de 7.720 millones de euros. Se habilitará una línea de avales ICO de 5.000 millones, destinada a atender necesidades de liquidez y a apoyar procesos de reconversión industrial para aquellas entidades que presenten una exposición significativa al mercado estadounidense.
Además, se reforzará el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con un margen adicional de 720 millones de euros con el fin de que las empresas diversifiquen su presencia en Estados Unidos y reduzcan el riesgo asociado a sus exportaciones. Por último, se activarán 2.000 millones a través del CESCE y su sistema ‘CARI’, que funcionará como un seguro de tipo de interés, para apoyar las exportaciones españolas de bienes y servicios.
En el seno del Partido Popular (PP) surgen críticas, ya que demandan una respuesta del Ejecutivo al plan antiaranceles diseñado por su grupo. Desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo, han manifestado que no descartan votar ‘no’ al decreto.
La pelota está en el tejado del Gobierno y aún hay tiempo
, ha señalado un miembro del comité de dirección del PP, quien cuestionó la falta de apoyo gubernamental.
El paquete propuesto por el PP está orientado a «mejorar» el texto del Gobierno y contempla medidas fiscales y energéticas para proteger a los sectores más vulnerables, como el industrial y el primario. En concreto, propone eliminar el impuesto sobre el valor de la producción energética, lo cual podría representar un ahorro de 16.000 millones de euros para los hogares y la industria durante los próximos cinco años. Asimismo, incluye la elaboración de un plan de infraestructuras hidráulicas para garantizar la disponibilidad de agua y la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares.
El PP ha subrayado que este último aspecto es clave, y a inicios de abril, registraron en el Congreso una proposición de ley para extender la vida útil de las centrales nucleares españolas, comenzando por Almaraz (Cáceres), y así defender la soberanía energética de España.
Si el Gobierno decide no apoyar a los sectores afectados, evidentemente no contará con el apoyo del Partido Popular, advirtió el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, tras la reunión mantenida con Cuerpo.
