El Consejo de Ministros se dispone a aprobar el desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de asegurar que los contratos formativos ofrezcan una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva nacional. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, manifestó la importancia de esta regulación detallando que se garantiza a los trabajadores con contratos formativos «derechos laborales plenos en relación a la retribución, el salario mínimo, la jornada laboral y el convenio».
La normativa responde a un mandato de la reforma laboral, y con el nuevo Real Decreto se busca asegurar que la formación esté alineada con el entorno productivo local. Díaz subrayó que «cuanto más cercana esté la formación al lugar local, pues más exitosa será la empleabilidad». Además, resaltó que las prácticas no profesionales deben servir exclusivamente para el aprendizaje y no para suplir empleo real en las empresas.
Dentro de las disposiciones, el marco reglamentario incluirá convenios de cooperación entre centros formativos y empresas, diseñados para propiciar la mejor adaptación entre estudios y actividad productiva. Se establecerá también un rígido control para asegurar que las actividades laborales desempeñadas estén vinculadas a la formación de los trabajadores con contrato formativo. «Si una persona joven se incorpora a una empresa con un contrato de formación en alternancia, va a tener, por tanto, asegurados sus derechos como trabajador o trabajadora», explicó Díaz.
Un problema persistente identificado por la ministra es el uso fraudulento de los llamados falsos becarios, un fenómeno que ha reducido drásticamente el uso de contratos formativos genuinos. Actualmente, en España, hay 1,7 millones de «mal llamados» becarios, en comparación con solo 54.987 contratos formativos.
Las mal llamadas becarias y becarios son una auténtica coladera para eludir derechos y salarios
En este contexto, Díaz enfatizó que el reciente Estatuto del Becario busca corregir este abuso, alineándose con otros elementos de la reforma laboral que han transformado sustancialmente el mercado de trabajo en el país.
Finalmente, el Real Decreto Ley 32/2021 establece dos modalidades distintas de contratos formativos: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional. La reforma contempla límites específicos respecto a la duración y condiciones de los contratos, con una duración máxima de dos años para la formación en alternancia. En el caso de la obtención de práctica profesional, los contratos pueden extenderse de seis meses a un año, siguiendo siempre la normativa que garantiza derechos salariales acorde al convenio para el puesto.
