El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado a Renfe a proporcionar un desglose detallado de la inversión realizada en su página web, en respuesta a una solicitud presentada por un ciudadano. Este también requirió información sobre el número de veces que la página ha experimentado caídas, dato que la empresa se niega a ofrecer, argumentando que no lo registra. Estas exigencias están documentadas en dos resoluciones recientes del mismo consejo, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Las solicitudes datan de marzo y abril de 2024, donde se solicitó a Renfe y al Ministerio de Transportes el coste anual de la web y la aplicación móvil, además de información sobre las empresas responsables de su diseño y mantenimiento. En particular, se pedía datos sobre las caídas de la web entre 2014 y 2024, así como el número total de descargas de la aplicación desglosadas por plataformas y por dispositivos. Renfe intentó eludir estas preguntas alegando que requerían informes complejos que afectarían a su personal operativo.
El Consejo consideró arbitrario el argumento de Renfe sobre la complejidad de la información
Ante la negativa de Renfe, los solicitantes presentaron una reclamación ante el Consejo de Transparencia. En respuesta, el ministerio afirmó que el ciudadano que solicitó la información tenía como único objetivo manifestar su descontento con el funcionamiento del sitio web de Renfe. Además, argumentó que proporcionar los costes requería un tratamiento exhaustivo de los datos correspondientes a un periodo de más de diez años.
Sin embargo, el Consejo de Transparencia falló a favor de los reclamantes en parte, señalando que proporcionar los datos de coste anuales de la web y el listado de empresas contratadas no exige un informe especial. Por lo tanto, Renfe deberá facilitar esta información. En cambio, el consejo admitió la dificultad presentada por el ministerio en cuanto al número de caídas, así como sobre algunos datos solicitados de la app que consideraba demasiado complejos para ser gestionados sin un informe específico.
Estos pronunciamientos del Consejo de Transparencia tienen la posibilidad de ser apelados ante la Audiencia Nacional a través de la vía contencioso-administrativa.
