Los partidos del Gobierno español, el PSOE y Sumar, han alcanzado un importante acuerdo con varios de sus socios parlamentarios en relación a las medidas para regularizar los alquileres. Este pacto busca prohibir que los inquilinos sean responsables del pago de tasas o tributos, tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y establece un tope en los precios de los alquileres de temporada y de habitaciones.
Las medidas son presentadas como enmiendas transaccionales a la propuesta de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, inicialmente presentada por partidos como Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG. Actualmente, esta propuesta se encuentra en la fase de ponencia. Dentro del acuerdo también destaca una reforma específica sobre los precios de los alquileres de habitaciones, firmada por PSOE, Sumar, ERC y Bildu. Según dicha reforma, la suma de la renta de las habitaciones no sobrepasará el tope establecido para los pisos completos, protegiendo a los arrendatarios con las mismas garantías que si ocuparan un apartamento entero.
Se prohíbe la imposición de cuotas o impuestos que no estuvieran previamente contemplados en el contrato.
En relación a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se ha establecido que no se podrán fijar nuevas condiciones que repercutan en el inquilino gastos adicionales. A su vez, las enmiendas también fijan que los contratos de temporada o de habitaciones contarán con las mismas garantías que un arrendamiento tradicional, incluyendo el límite en el cobro de honorarios, restricciones en las fianzas y regulación de precios.
Una de las medidas más destacadas es que los alquileres temporales solo podrán formalizarse por un máximo de 12 meses y siempre que se justifique la causa del mismo. En caso de que la causa no esté justificada o si existiera una concatenación de contratos temporales con los mismos inquilinos, el contrato se transformará automáticamente en uno de cinco o siete años, asegurando así la protección del arrendatario.
Este conjunto de reformas ha logrado avanzar en la ponencia gracias al respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos. Sin embargo, el texto debe ahora pasar a la Comisión de Vivienda y posteriormente al Pleno, donde el partido Junts podría unirse a PP y Vox para rechazar esta iniciativa legislativa.
