El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que busca ofrecer seguridad a los propietarios de viviendas mediante una cobertura especial para protegerlos de eventuales impagos de rentas de alquiler, específicamente para contratos firmados con jóvenes menores de 35 años y personas vulnerables. Esta medida será gestionada por las comunidades autónomas de régimen común, así como por las ciudades de Ceuta y Melilla, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para estos colectivos.
Requisitos y gestión de las comunidades autónomas
Para optar a esta cobertura, los arrendadores deben cumplir varios requisitos: firmar contratos con los grupos mencionados, asegurar que las rentas no superen el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria y suscribir un compromiso relativo al aval. Además, las comunidades autónomas podrán establecer criterios adicionales si lo consideran necesario, ya que son las responsables de gestionar estos avales y coberturas.
El aval cubrirá el impago de rentas y eventuales daños al inmueble, además del coste de los suministros adeudados. Los beneficiarios incluyen no solo personas físicas, sino también comunidades si estas tienen un seguro acordado con los arrendadores. Hasta ahora, no se ha aprobado una línea presupuestaria específica ni se ha detallado el importe disponible, pero los contratos vigentes serán cubiertos hasta el 30 de enero de 2025.
Compromiso gubernamental
Además, las comunidades autónomas deberán informar semestralmente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre la aplicación de estas coberturas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, expresó que esta medida busca proporcionar garantías reales a los propietarios, evitando discursos que «alimentan el miedo» en el sector inmobiliario. Este real decreto responde a una promesa hecha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras peticiones recibidas de Junts, con una dedicación especial hacia los arrendamientos a segmentos jóvenes y vulnerables de la sociedad.
