El Gobierno español está considerando utilizar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como mecanismo para penalizar a aquellos propietarios que aumenten los precios de los alquileres al finalizar un contrato, según fuentes del Gobierno confirmadas por Europa Press.
De acuerdo con el diario ‘El País’, esta penalización no se aplicaría a incrementos anuales, generalmente ligados al Índice de Precios al Consumo (IPC), permitidos por la ley. El Ministerio de Hacienda ha señalado que la medida está siendo discutida con los grupos parlamentarios, especialmente después de recibir críticas de los socios del Gobierno sobre la propuesta de ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF para caseros que mantengan la renta al renovar los contratos de alquiler.
Otras intenciones del Ejecutivo incluyen establecer restricciones en los contratos de temporada y limitar el uso del alquiler por habitaciones. La regulación busca que los contratos de temporada cumplan ciertas condiciones para ser válidos, con un régimen sancionador para quienes infrinjan la normativa. En cuanto al alquiler por habitaciones, se prevé extender las garantías de los alquileres habituales, asegurando que el total de la renta no supere el precio de alquiler de la vivienda completa y aplicando controles en zonas tensionadas.
Actualmente, Hacienda ofrece reducciones generales en el IRPF para quienes arriendan sus viviendas habituales. Según la Ley por el Derecho a la Vivienda, se pueden obtener reducciones del 60% si el contrato se firmó antes del 26 de mayo de 2023, declarando solo el 40% del rendimiento neto de alquiler. Contratos firmados después pueden beneficiarse de reducciones del 50%, que podrían aumentar al 60% o 70% bajo ciertos criterios como la rehabilitación del inmueble o su inclusión en un programa de alquiler a precio de mercado.
Con el nuevo enfoque del Gobierno, las reducciones del 50% podrían disminuir e incluso eliminarse si se incrementa el alquiler
Sin embargo, en zonas clasificadas como ‘tensionadas’, Hacienda premia a arrendadores con reducciones hasta del 70% al alquilar a jóvenes entre 18 y 35 años por primera vez, y del 90% si la renta de un nuevo contrato es más de un 5% menor.
