El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado que el Ejecutivo sigue adelante con la opción de la expropiación como solución para demoler el controversial hotel en la playa de El Algarrobico, Carboneras. Este anuncio, realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, refuerza la intención de poner fin a una situación que se ha prolongado por más de dos décadas.
Aunque el subdelegado no pudo precisar en qué fase se encuentra el proceso expropiatorio, subrayó que la medida apunta a adquirir la mitad del edificio, específicamente la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre. La expropiación parcial promovida por Azata del Sol estaba pendiente de fijar un justiprecio en septiembre pasado, tras declarar en firme el acuerdo de ocupación. Sin embargo, esta decisión aún puede ser recurrida judicialmente por la empresa.
Para Martín, «es absolutamente necesario poner fin a esta cuestión que nunca se tenía que haber producido.» Invitó nuevamente a la Junta de Andalucía a involucrarse en el proceso expropiatorio respecto a la parte del hotel en su jurisdicción, afirmando que «carece de sentido que se vaya a demoler la mitad, aunque sería posible.»
Creo que ese es el camino y es una vía que nos debe de llevar más pronto que tarde a resolver esta situación
La expropiación, según lo acordado por el Consejo de Ministros el 11 de febrero, solo abarcará la mitad del hotel que está dentro del área de dominio público marítimo-terrestre. La otra mitad del edificio invade el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un espacio que corresponde a la competencia de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz ha rechazado utilizar la expropiación como medio para la demolición, sugiriendo anular la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003, aunque este procedimiento aún está en trámite.
Desde mayo, la promotora Azata del Sol ha presentado alegaciones para tratar de invalidar el proceso, argumentando que los terrenos afectados no estaban adecuadamente delimitados y que faltaban datos clave sobre el inmueble. Además, han cuestionado si el proceso contaba con suficientes garantías legales. En respuesta, la Abogacía del Estado elaboró un nuevo informe técnico y jurídico para justificar la expropiación propuesta. Este informe aseguró que se habían identificado correctamente las tierras afectadas, de acuerdo con la Ley de Costas, reforzando la necesidad de eliminar un hotel incompatible tanto con la zona de servidumbre de protección como con el área del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata.
