El Gobierno cree que es "absolutamente necesario" aumentar la proporción de empleo público en el mercado laboral español, y ha decidido eliminar la tasa de reposición en los Presupuestos Generales de 2025 para crear un nuevo modelo que se adapte mejor a las necesidades de cada administración.
En varias respuestas parlamentarias a una serie de preguntas formuladas por diputados del PP, el Ejecutivo explica que la tasa de reposición es el instrumento actual para planificar la incorporación de nuevos trabajadores en la Administración.
Este modelo, dice el Gobierno en uno de los escritos a los que ha accedido Europa Press, únicamente contempla un "crecimiento vegetativo" de las plantillas basado en las estructuras preexistentes y no tiene sentido utilizarlo cuando el 60% de los empleados públicos se va a jubilar en los próximos diez años y el número de efectivos de la Administración es casi un 10% inferior al de antes de la crisis financiera de 2008.
"En la actualidad, las plantillas ya se hallan muy tensionadas, puesto que, de cada cuatro vacantes por jubilaciones, sólo se está cubriendo una y si no se contrarresta esta tendencia, en el plazo aproximado de unos diez o quince años se habrá perdido el 60% de los recursos humanos", argumenta el Ejecutivo.
Por ello, la tasa será sustituida por un modelo de previsión y proyección que, partiendo de las disponibilidades presupuestarias y de la definición de cartera de servicios de cada administración, permita conocer qué puestos se necesitan y dónde se necesitan en las distintas Administraciones, que tendrán que tomar sus decisiones en sus respectivos ámbitos de responsabilidad.
Asimismo, la respuesta indica que el porcentaje exacto de efectivos necesarios no va a ser tanto una cuestión cuantitativa, de meros efectivos, sino más bien una cuestión cualitativa y estratégica que permita optimizar el talento público.
El documento remarca que, en el ámbito de la Administración General del Estado, desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública liderado por José Luis Escrivá se desarrollarán los instrumentos necesarios para la planificación estratégica de recursos humanos, así como de las demás actuaciones en el ámbito de sus competencias que resulten necesarias.
En el marco de la transformación digital, el Gobierno asegura que desarrollará las herramientas tecnológicas y de capacidades de generación y análisis de datos para la planificación que aseguren una gestión integrada de los recursos humanos para facilitar la modernización y tecnificación de los procedimientos de planificación y la ordenación dinámica de empleados públicos, articulada en torno al catálogo de áreas funcionales.
El nuevo modelo, argumenta el Gobierno, deberá ser construido con los agentes implicados, como organizaciones sindicales y el resto de Administraciones Públicas y después se reflejará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2025.
La idea del Ejecutivo fue incluir este cambio en los Presupuestos de 2024, pero como no se presentaron por el adelanto electoral de Cataluña finalmente se incluirá en las cuentas del año que viene, que ya han comenzado a elaborarse tras la publicación de la orden ministerial de Hacienda para que el conjunto de Ministerios elabores sus propios presupuestos.
Nueva oferta de Empleo
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha confirmado este lunes que el Consejo de Ministros de mañana aprobará la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024, que consta de un total de 40.121 plazas, y de las que reservará un 10% a personas con discapacidad.
Así lo ha traslado Escrivá durante unas jornadas de la ONCE este lunes en Madrid, donde ha detallado que más de 3.000 plazas de la OEP de este año irán destinadas a este colectivo y, de ellas, 600 se reservarán para personas con discapacidad intelectual.
La OEP de 2024 propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública a sindicatos consta de un total de 40.121 plazas, de las que 20.840 corresponden al turno libre, 10.600 a promoción interna y 8.681 a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.520 en turno libre y 2.161 a promoción interna).
Pese a que la oferta de empleo público es mayor a la aprobada por el Gobierno en 2023, cuando se convocaron 39.574 plazas, solo ha contado con el apoyo de UGT y ni CSIF ni CCOO han suscrito al acuerdo.
Desde CSIF, han rechazado la oferta por no solucionar el déficit en las plantillas, ser insuficiente, mantener la tasa de reposición, reducir la creación de empleo neto y las plazas de personal laboral respecto al año anterior, no garantizar la ejecución de los plazos y suponer un abuso de las contrataciones temporales, al mantenerse los límites a la reposición de efectivos que se jubilan.
Por su parte, Comisiones Obreras no ha suscrito al acuerdo porque la oferta es "pobre" en términos cuantitativos y cualitativos, y por no conocerse los datos de la tasa de reposición por la negativa de la Administración a facilitárnoslos. Así, el sindicato ha denunciado que el Gobierno "no solo apenas ha modificado la propuesta inicial del acuerdo, sino que la ha empeorado con respecto a la de 2023".
De su lado, UGT Servicios Públicos se ha mostrado satisfecha con los criterios generales para la preparación de la OEP para 2024, pues considera que avanza en la creación de empleo neto, "tan necesario para rejuvenecer plantillas en la Administración General del Estado", y ha recalcado que este será el último año en el que se aplique la tasa de reposición, uno de los motivos por los que sí han ratificado el acuerdo.
