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El Gobierno eleva los umbrales económicos de las empresas pero mantiene sin cambios el número de empleados

El nuevo anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros actualiza los límites de facturación y de activo que determinan el tamaño de las empresas a efectos contables y de auditoría. La reforma busca reducir la carga administrativa de las pymes sin modificar su estructura laboral

Por Marta Díaz de Santos

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley que revisa los umbrales de tamaño empresarial, con el objetivo de simplificar las obligaciones contables y administrativas de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La medida, impulsada por el Ministerio de Economía, eleva los límites de volumen de negocio y de activo total que determinan cuándo una empresa se considera pequeña, mediana o grande, pero mantiene inalterado el número de empleados, que seguirá siendo el mismo que en la normativa actual.

Qué se considera ahora pequeña y mediana empresa

Con esta actualización, se considerará pequeña empresa a toda aquella que disponga de un balance total de hasta 7,5 millones de euros (frente a los 4 millones vigentes) y un volumen neto de negocio de hasta 15 millones (mientras que antes era de 8 millones).

En el caso de las empresas medianas, los nuevos límites se elevan de 20 a 25 millones en activo total y de 40 a 50 millones en facturación anual.

Sin embargo, el número máximo de empleados se mantiene en 50 para las pequeñas empresas y en 250 para las medianas, lo que significa que no se modifica el criterio laboral, sino únicamente los umbrales económicos vinculados a las obligaciones de información financiera.

El objetivo: ajustar la normativa a la realidad económica actual

El Ministerio de Economía subraya que el objetivo de esta reforma es ajustar la normativa a la realidad económica actual, marcada por la inflación y el crecimiento del tamaño medio de las compañías, sin alterar la definición general de pyme ni los criterios de empleo. De este modo, las empresas podrán aumentar su facturación y su volumen de activos sin perder su categoría de pequeña o mediana, siempre que mantengan el mismo número de trabajadores.

Esta actualización permitirá que más compañías accedan al régimen simplificado o abreviado de información financiera, que exige menos trámites y documentación contable. Según las estimaciones del Ministerio, 5.813 empresas se beneficiarán directamente de esta medida, y el 98,5% de las empresas españolas dispondrá de un modelo contable con cargas administrativas reducidas.

El 98,5% de las empresas españolas dispondrá de un modelo contable con cargas administrativas reducidas

El anteproyecto también actualiza los umbrales de auditoría obligatoria, que no se revisaban desde 2013. A partir de ahora, las empresas deberán auditar sus cuentas solo si superan durante dos ejercicios consecutivos un activo total de 3,56 millones de euros, un volumen de negocio de 7,12 millones o una plantilla superior a 50 empleados. Esto supone un incremento del 25% respecto a los límites actuales, y se estima que unas 4.300 empresas dejarán de estar obligadas a auditarse.

La reforma se alinea con la agenda europea de simplificación regulatoria, que promueve una reducción de la burocracia y un marco normativo más eficiente para las pymes. Según el Ministerio, esta actualización permitirá que menos empresas se enfrenten a obligaciones complejas y costosas, facilitando que redirijan esos recursos hacia la inversión, la digitalización y la creación de empleo.

La medida busca dar más margen financiero a las pymes sin alterar su estructura laboral, reforzando su competitividad y su capacidad para crecer en un entorno económico cada vez más exigente.

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