El Gobierno español ha anunciado la aprobación de un real decreto destinado a blindar a las personas vulnerables ante posibles desahucios en viviendas propiedad de ‘fondos buitre’ o grandes tenedores. Esta medida forma parte del mantenimiento del ‘escudo social’, un conjunto de normativas diseñado para proteger a los inquilinos sin alternativa habitacional que, por circunstancias imprevistas, no pueden afrontar el pago del alquiler.
El ‘escudo social’ continuará salvaguardando a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, asegurando que los servicios sociales pertinentes sean los encargados de buscar alternativas habitacionales de emergencia. Sin embargo, en línea con el acuerdo alcanzado con el PNV, los propietarios de una o dos viviendas, así como aquellos también en situación de vulnerabilidad, quedarán exentos de estas medidas. Esto significa que la prórroga del ‘escudo social’ no se aplicará a estos pequeños propietarios.
Simultáneamente, el Consejo de Ministros aprobará dos decretos adicionales: uno dedicado a la revalorización de las pensiones para 2026 y otro que incluye medidas complementarias como la congelación de cuotas para autónomos. Esta estrategia de separar la revalorización de las pensiones del ‘escudo social’ responde al rechazo previo del Congreso a unificar estas iniciativas en un solo decreto.
El Gobierno no solo protegerá a los inquilinos vulnerables, sino que también seguirá aportando financiación a las comunidades autónomas para el desarrollo de parques de vivienda social y recursos de emergencia habitacional. La reciente decisión del Consejo de Ministros de dotar con 300 millones de euros el sistema de avales refuerza esta intención, garantizando compensaciones para los propietarios afectados.
El Ejecutivo insiste en que «este Gobierno es incansable y responde a cualquier situación con más trabajo y más propuestas: mirando hacia adelante y avanzando. Somos el Gobierno que no deja a nadie atrás»
En palabras del Gobierno, la prioridad es asegurar que tanto pensionistas, migrantes, como cualquier persona que experimente dificultades, como enfermedades o pérdidas de empleo, pueda contar con apoyo adecuado para no perder su vivienda por impagos de alquiler.
