El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha reafirmado el compromiso del Gobierno en mejorar el acceso a la vivienda y facilitar la financiación para la construcción de viviendas asequibles. Durante las jornadas organizadas por la OCU tituladas ‘Propuestas para mejorar el acceso a la vivienda en España’, Lucas ha subrayado que «las viviendas no son un negocio, sino para vivir», y ha resaltado el inicio del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Nuevas políticas de vivienda y esfuerzos presupuestarios
En la última Conferencia de Presidentes se propuso incrementar el presupuesto destinado a políticas de vivienda a casi 6.700 millones de euros, frente a los 1.700 millones actuales, con la colaboración de las comunidades autónomas. Lucas ha detallado que la política del Gobierno busca que las viviendas construidas con recursos públicos mantengan su protección permanente. Esto significa que, si son vendidas, deberán serlo a precios asequibles y para personas con características similares a los compradores iniciales.
Las 40,000 viviendas propiedad de la Sareb no se venderán, sino que aumentarán el parque de vivienda en alquiler asequible
El objetivo es ampliar el parque de vivienda pública para alcanzar el 8% de media de la Unión Europea, frente al actual 3,4%. Además, el Gobierno quiere evitar la transformación de alquileres tradicionales en viviendas de corta duración, motivo por el cual ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal y creado el Registro de Alquileres de Corta Duración. «Estamos muy preocupados por la gentrificación de barrios», señaló Lucas, instando a las autonomías a ejercer sus competencias.
Propuestas adicionales y el papel de la OCU
Durante el evento, la OCU abogó por revisar el sistema de desahucios para adaptarlo al consumidor vulnerable, debido al aumento de inquilinos en situación de vulnerabilidad. Juan Carlos García, del Área de Vivienda de OCU, destacó la necesidad de garantizar seguridad jurídica al pequeño arrendador para fomentar el alquiler de larga duración.
El gerente de Asprima, Jaime Fernández, sugirió destinar suelos urbanos diseñados originalmente para otras finalidades, como oficinas, a la construcción de viviendas asequibles. Por su parte, Juan Casares, presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España (Concovi), instó a regular el precio del suelo y a reducir la carga fiscal sobre la vivienda protegida, lo que según expertos encarece su coste final en un 25%.
