El pleno del Parlament de las Islas Baleares ha aprobado la toma en consideración de una propuesta de ley impulsada por MÉS per Mallorca y Més per Menorca para reclamar la cogestión aeroportuaria. Esta iniciativa, respaldada por el PP y con la abstención del PSIB, contempla transferir la titularidad de los aeropuertos de Palma, Ibiza, Menorca y Son Bonet a la Comunidad Autónoma. También aboga por la creación de una autoridad aeroportuaria en Baleares, que incluiría la participación del Govern, los Consells y el Estado.
Ferran Rosa, diputado de MÉS per Mallorca, defendió que la ley no pretende regular el número de turistas, sino conceder a las instituciones las herramientas necesarias para definir el modelo turístico sin restricciones. Rosa criticó la falta de esfuerzo del PSIB para abrir el debate sobre la cogestión en Madrid e instó a una mayor implicación. Según Rosa, la creación de una autoridad aeroportuaria permitiría ajustar la actividad de las infraestructuras «sin pensar únicamente en los beneficios».
Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, rechazó la creencia de que el mercado de oferta y demanda regula de forma eficiente los flujos turísticos. Castells subrayó la importancia de gestionar el impacto que las decisiones empresariales tienen sobre la vida en las islas, y calificó el día de la toma en consideración de la ley como «histórico», al pasar de las palabras a los hechos. El menorquinista resaltó la postura del PP como un avance necesario en este sentido.
La diputada del PP Margalida Pocoví argumentó que la necesidad de una cogestión aeroportuaria no es una idea nueva, sino una respuesta a un modelo agotado. Pocoví citó varios ejemplos de gestión deficitaria, como inundaciones y falta de seguridad laboral, para justificar su apoyo a la iniciativa y llamó a seguir el ejemplo de Cataluña. En contraste, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, criticó duramente la postura del PP por aliarse con MÉS per Mallorca. A su juicio, el apoyo a la iniciativa socava instituciones y advirtió que en el futuro podrían experimentar consecuencias negativas por su decisión. Rodríguez aprovechó para solicitar al PP que consideren también la enmienda sobre el uso del castellano como lengua vehicular en la educación.
Para el PSIB, la proposición debatida se aleja de su postura a favor de la cogestión y representa un «planteamiento de máximos inviables».
Marc Pons, portavoz adjunto del PSIB, expresó dudas sobre el encaje constitucional de la propuesta y sugirió que un acuerdo de país podría haberse alcanzado con diálogo previo. Pons acusó al PP de usar su apoyo a la ley para ocultar sus propias limitaciones al enfrentar la saturación turística.
