El plan gubernamental contra estafas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos, lanzado en marzo, ha logrado desde entonces bloquear casi 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS. Así lo anunció recientemente Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, calificando estos resultados de «espectaculares».
Incremento en el bloqueo de comunicaciones fraudulentas
En la primera fase del plan, iniciada el 7 de marzo, se bloqueaban 235.600 llamadas y 10.000 SMS al día. Posteriormente, a partir de junio y julio, con la implementación de nuevas medidas, los bloqueos diarios aumentaron significativamente. Actualmente, se bloquean 434.915 llamadas y 18.666 SMS cada día, lo que representa un incremento del 85% y 87%, respectivamente.
«Desde que pusimos en marcha las medidas, el 7 de marzo, se han bloqueado casi 48 millones de llamadas falsas, en concreto 47.971.400 llamadas bloqueadas, y más de 2.200.000 SMS», remarcó López durante su comparecencia.
Medidas efectivas contra el fraude
El plan contempla varias obligaciones para los operadores, entre ellas, bloquear llamadas y SMS de numeraciones no adjudicadas, incluso con numeración vacía. Igualmente, se exige el bloqueo de comunicaciones de origen internacional que falsas ser originadas en números españoles, exceptuando aquellas de clientes en ‘roaming’.
Las llamadas fraudulentas suelen provenir de países extranjeros, pero simulan llamadas con numeración española para engañar al ciudadano
Además, se trabaja en la creación de una base de datos de nombres o códigos alfanuméricos verificados, a implementarse en 2026. Esta medida será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para proteger el nombre de las entidades y facilitar la identificación de intentos de suplantación de identidad.
En alguna ocasión se recibe un SMS que supuestamente es de Correos o de la DGT, y en realidad no lo son. Están suplantando la personalidad, no solamente de organismos públicos, también de empresas privadas
Estas iniciativas conforman un plan integral para reducir considerablemente la actividad fraudulenta, protegiendo a los ciudadanos y entidades de posibles engaños. El gobierno continúa trabajando en el desarrollo de medidas adicionales para afrontar esta amenaza con mayor eficacia en los próximos años.
