El Partido Popular (PP) está listo para utilizar su mayoría absoluta en el Senado con el fin de aprobar un conflicto de atribuciones contra el Gobierno este miércoles. La maniobra busca obligar al Ministerio de Hacienda a presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes. Este paso podría alcanzar en última instancia el Tribunal Constitucional, según el orden del día del Pleno del Senado al que ha tenido acceso Europa Press.
Esta iniciativa marca el séptimo conflicto institucional que el PP impulsa en el Senado, un hecho sin precedentes antes de la legislatura actual. Gracias a su mayoría en la Cámara Alta, el PP está en posición de asegurar el avance de esta propuesta. Si se aprueba, el conflicto será adoptado por la Cámara y remitido al Gobierno, que tendrá un mes para responder o no, lo cual puede llevar a elevar el asunto al Tribunal Constitucional.
Las razones detrás del conflicto
El PP insiste en que el Senado no debe admitir ni tolerar el incumplimiento de la obligación constitucional del Gobierno de presentar un presupuesto. Considera que la práctica fraudulenta de modificar el presupuesto al margen del Parlamento contradice el principio de legalidad presupuestaria. Esta forma de proceder recuerda la situación de 2020, cuando el Gobierno mantuvo prorrogados los presupuestos de 2018 debido a la pandemia de COVID-19.
La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020.
El PP argumenta que no existe justificación actual para no presentar los Presupuestos, más allá de la falta de consenso con fuerzas parlamentarias. Destacan también que los motivos políticos no pueden justificar la omisión del cumplimiento de obligaciones constitucionales por parte del Gobierno, lo cual impide al Senado ejercer su función presupuestaria.
Los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales.
En este contexto, la decisión final del Senado de elevar o no el conflicto al Tribunal Constitucional podría tener importantes repercusiones para la dinámica entre los poderes legislativo y ejecutivo en España.
