El Partido Popular ha tomado la iniciativa ante recientes denuncias de irregularidades en el sistema de licitaciones del Plan de Recuperación. Su última acción ha sido registrar una propuesta en el Parlamento para prohibir la participación de medios propios del Gobierno, como Ineco, en valoraciones técnicas sin una cobertura contractual explícita. Esto se produce tras las alarmas del Tribunal de Cuentas sobre posibles alteraciones irregulares en las puntuaciones de informes de valoración de contratos de Adif.
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas ha puesto el foco sobre Adif y su manejo de las denuncias relacionadas con alteraciones en las evaluaciones de licitaciones financiadas con fondos europeos. En julio de 2022, Ineco fue señalada porque un trabajador de Adif aparentemente instruyó a empleados de la empresa para modificar sus valoraciones en tres licitaciones. A más, otra denuncia apuntó a una supuesta falsificación de puntuaciones en dichos procesos. El tribunal expresó su disconformidad con el análisis que Adif llevó a cabo sobre estas acusaciones, destacando un rigor insuficiente.
El informe mencionaba que no existían indicios de vulneración, pero el Tribunal de Cuentas mostró su desacuerdo sobre la falta de rigurosidad.
Ante este contexto, la respuesta del PP ha sido contundente, registrando una serie de propuestas de resolución basadas en el informe del Tribunal de Cuentas. Estas incluyen exigir verificaciones anuales obligatorias para detectar amenazas a la imparcialidad, implementar un plan antifraude específico y auditar externamente contratos superiores a un millón de euros. También buscan recalificar altos riesgos asociados con prácticas como la colusión en ofertas y los sobornos.
Además de estas medidas, se han propuesto reformas en las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses para que se adapten a cada expediente de contratación, asegurando así una mayor especificidad y claridad en las mismas.
Peticiones de otros partidos y repercusiones
El PSOE y otros partidos como Vox y Sumar también han presentado sus propuestas de resolución. El PSOE demanda actuaciones en Adif para mejorar la gestión de conflictos de interés, especificando amenazas a la imparcialidad y detallando los compromisos de pago a proveedores. Por su parte, Vox insiste en la necesidad urgente de un plan de acción para disminuir prácticas colusorias, mientras que Sumar insta a Adif a actualizar la autoevaluación de riesgo de fraude.
Por otro lado, Ineco, que se ha visto envuelta en otras investigaciones relacionadas con el caso denominado «trama Koldo», enfrenta un panorama complicado. Esta trama pone en cuestión su rol en la validación de contratos y en la contratación de personal.
El alcance de las propuestas del PP y de otros partidos refleja una preocupación generalizada por garantizar la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.
Las propuestas deberán ser evaluadas y votadas en las Cortes, un paso crucial para asegurar que los procedimientos y controles en torno al Plan de Recuperación alcancen un nivel óptimo de transparencia y efectividad.
