El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una reforma legal en el Congreso para permitir que personas migrantes de países fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo puedan ocupar cargos de capitán y primer oficial de cubierta en buques pesqueros españoles. Esta propuesta, que se encuentra en una enmienda al proyecto de reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, busca modificar el actual artículo 162 de la Ley de Navegación Marítima, el cual exige que quienes ocupen esos cargos sean nacionales de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.
Según la enmienda del PSOE, se permitirá la contratación de tripulantes de otras nacionalidades cuando no haya disponibilidad de personal español o de otro Estado miembro. Sin embargo, se especifica una serie de requisitos: los contratados deberán haber obtenido la titulación en España, tener una autorización de residencia de larga duración y, en caso de no ser su lengua materna, contar con certificación oficial del idioma español.
Una modificación impulsada por el PNV
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) solicitó esta reforma al Gobierno en junio pasado. Joseba Andoni Agirretxea, portavoz de Agricultura del PNV, había instado al ministro de Agricultura, Luis Planas, a cambiar la legislación para incluir esta posibilidad. Durante una sesión de control al Gobierno, Agirretxea subrayó la contribución fundamental de las personas extranjeras en el sector pesquero y destacó que, aunque se formen adecuadamente, no pueden ejercer como capitanes debido a las restricciones actuales.
Planas mostró su apoyo al reconocer la necesidad de examinar el asunto y destacó el valioso trabajo de pescadores de diversas nacionalidades, como indonesios, peruanos, ganeses y senegaleses, entre otros.
El PSOE ha registrado ahora esta enmienda para atender la petición del PNV, pero enfrentará su trámites parlamentarios donde deberá conseguir las mayorías necesarias para su aprobación durante las fases de ponencia, comisión y pleno. Este paso es esencial para garantizar que la reforma cumpla con el objetivo de fortalecer el sector pesquero español permitiendo una mayor diversidad laboral. La regulación, si es transgredida, podría dar lugar a procedimientos administrativos sancionadores, como estipula la enmienda presentada.
