La Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado ha dado un importante paso este jueves al aprobar el dictamen del Proyecto de Ley que reforma el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social. Esta reforma busca eliminar la automaticidad en la extinción de contratos laborales de aquellos trabajadores que acceden a una situación de incapacidad permanente. El texto, que proviene del Congreso, ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que se opuso a su aprobación.
La votación resultó en 28 votos a favor y uno en contra. Además, Vox había presentado una propuesta de veto, la cual fue rechazada por el resto de los grupos. Tras esta ratificación en la Comisión del Senado, el proyecto se debatirá en la próxima sesión plenaria.
La ley tiene como objetivo principal eliminar el despido automático en casos de incapacidad permanente. La decisión de despido quedaría condicionada a la voluntad del trabajador y a la posibilidad de adaptar su puesto o a la disponibilidad de un puesto vacante que se ajuste a su perfil profesional y nueva situación. Solo se permitiría el despido en circunstancias donde la adaptación suponga una carga excesiva para la empresa.
Asimismo, se contempla una modificación en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, desvinculando la muerte del trabajador como causa de extinción del contrato de los casos de incapacidad permanente. Entre las enmiendas aprobadas en el Congreso, se destaca una que encomienda al Gobierno la tarea de aprobar, en el plazo de un año, una ley para adaptar los puestos de trabajo de guardias civiles, policías nacionales y militares con discapacidad.
Se ha incorporado una enmienda de Podemos que estipula que si el costo de adaptación no supera la indemnización por despido, la empresa no podrá alegar una carga excesiva
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aplaudido la aprobación de esta ley, destacando que deroga el despido automático por discapacidad permanente laboral sobrevenida, considerado como una «discriminación histórica» en el ámbito laboral. El CERMI ha agradecido al Gobierno y a los grupos políticos por su respaldo a esta iniciativa, que era fundamental en la agenda política relativa a la discapacidad organizada.
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