El Tribunal de Cuentas ha revelado una preocupante laguna en la fiscalización de los expedientes de contratación financiados por fondos europeos. Según el organismo, las autoridades portuarias solo han revisado aquellos expedientes cuyo importe supera los tres millones de euros, lo que deja aproximadamente un 90% sin revisar. Esta observación forma parte de la fiscalización de Puertos del Estado en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia entre 2021 y 2024, centrada en la gestión, normativa, fraude y seguimiento de los hitos y objetivos del plan.
Puertos del Estado está implicado en el Plan de Recuperación con dos proyectos significativos, valorados en 456 millones de euros. Estos incluyen el acceso ferroviario al Puerto exterior de A Coruña y las mejoras en accesibilidad y sostenibilidad de los puertos, gestionados por las Autoridades Portuarias. Pese a las sospechas de irregularidades, no se prevé perder fondos, ya que los proyectos no ejecutados pueden ser sustituidos por otros. El informe señala, además, que de los hitos asociados al financiamiento europeo falta completar ciertos proyectos de accesibilidad ferroviaria y sostenibilidad en distintos puertos antes del 30 de junio de 2026.
Adicionalmente, el exministro socialista José Luis Ábalos ha añadido tensión al declarar presuntos amaños y cobros irregulares de dietas en el Puerto de Valencia. Estas denuncias han sido presentadas al Congreso, exigiendo respuestas del Ministerio de Transportes liderado por Óscar Puente.
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas concluye que, aunque los sistemas implantados son «adecuados» para la gestión y control del Plan de Recuperación, aún persisten áreas pendiente de mejorar. Esto incluye el seguimiento exhaustivo de los contratos financiados por fondos europeos.
Puertos del Estado ha cumplido con la recomendación de priorizar los accesos ferroviarios dentro del plan, dedicando un 70% de los fondos a este fin
Se espera, por lo tanto, que con las conclusiones alcanzadas, tanto Puertos del Estado como el Ministerio de Transportes tomen medidas para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos y europeos, asegurando el avance eficiente de estos vitales proyectos de infraestructura.
