El Tribunal de Cuentas Europeo ha emitido un informe crítico sobre el retraso en el impulso de las comunidades energéticas dentro de la Unión Europea. Estas iniciativas, en las que ciudadanos o autoridades locales producen y comparten su propia energía, están lejos de cumplir con los objetivos fijados por Bruselas. Aunque la UE había propuesto que para 2025 cada municipio de más de 10,000 habitantes tuviera al menos una comunidad energética, el progreso es decepcionante.
Según el informe, basado en una auditoría en Países Bajos, Polonia, Italia y Rumanía, a principios de 2025 solo se había alcanzado el 27% del objetivo. Esta auditoría también incluyó un examen detallado de la actuación de la Comisión Europea en este ámbito. Los auditores opinan que las previsiones iniciales de la Comisión, que calculaban que estas comunidades podrían representar el 21% de la capacidad solar y el 17% de la eólica para 2030, son excesivamente optimistas.
El informe también destaca problemas estructurales que impiden el avance de estas iniciativas. Las normas actuales no son lo suficientemente claras, lo que genera confusión sobre la creación y operación de estas comunidades, incluyendo cómo compartir y vender la electricidad producida. Además, existen retrasos en la conexión de nuevas instalaciones a la red y falta de apoyo específico para el almacenamiento de energía.
A medida que la UE se esfuerza por cumplir sus objetivos climáticos y energéticos, la energía dirigida por los ciudadanos sigue siendo una idea convincente: prometedora en teoría, pero difícil en la práctica
La Comisión ha acogido con «satisfacción» el informe, considerándolo un «claro llamamiento» para reforzar el apoyo a los Estados miembros en el establecimiento de marcos regulatorios sólidos. Bruselas destaca la importancia de estas iniciativas como motor de la transición hacia energías limpias, subrayando la urgencia de introducir incentivos y claridad normativa.
Entre las recomendaciones que la Comisión coincide en aceptar están la mejora del seguimiento de estas comunidades, la inclusión de incentivos para almacenamiento de energía y establecer objetivos más claros y sistemas de registro robustos. También prevé un seguimiento de las conclusiones en el futuro Paquete de Energía Ciudadana, asegurando especial atención a la inclusión y acceso de todos los ciudadanos a las comunidades energéticas.
