El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, ha emitido un fallo que condena a España por violar la Carta Social Europea en relación con la indemnización por despido improcedente. Según el CEDS, los niveles de indemnización estipulados por la legislación española “no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario”.
El fallo del CEDS sigue la línea de una decisión anterior emitida en julio de 2024, tras una denuncia presentada por UGT. En esta ocasión, el Comité refuerza que la normativa actual en España no cuenta con mecanismos adecuados para garantizar una compensación justa por daños sufridos, ni para disuadir a los empleadores de incumplir la ley.
Es posible que no se tenga debidamente en cuenta el perjuicio real sufrido por el trabajador afectado vinculado a las características específicas del caso
La denuncia presentada por CCOO expone que, bajo la legislación española, los trabajadores no pueden acceder a una indemnización que refleje el verdadero daño causado por un despido improcedente, y que la compensación no es mínima, accesible y efectiva.
El CEDS también se pronunció sobre el derecho a la readmisión en los casos de despido improcedente, señalando que debería ser una opción disponible para los tribunales nacionales cuando no existan razones válidas para el despido.
Además, el Comité indicó que el problema es aún mayor en el caso de los trabajadores temporales, quienes suelen recibir indemnizaciones insuficientes, especialmente cuando se celebran múltiples contratos en fraude de ley. Para estos casos, el CEDS insta a que las disposiciones sean aplicables de igual manera que para los trabajadores fijos.
Los tribunales nacionales deberían poder evaluar la idoneidad de la readmisión consultando a las partes del procedimiento
La postura del Comité refuerza la crítica contra la legislación española, solicitando que se aborden los fallos estructurales que impiden una protección eficaz para los trabajadores frente a despidos injustos y tratados legales no cumplidos. Esta decisión supone un importante respaldo a las reivindicaciones de los sindicatos y un llamado a España para reformar sus políticas laborales ajustándolas a los estándares europeos de derechos sociales.
