Facua-Consumidores en Acción ha interpuesto una denuncia contra las aerolíneas Iberia, Ryanair, Transavia y Wizz Air ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El motivo es la imposición de fechas límite para el uso de sus tarjetas regalo, lo que ha generado una petición para la apertura de expedientes sancionadores. Según el comunicado de la asociación, esta práctica limita «injustificadamente» los derechos del consumidor, en lo que consideran una «clara falta de reciprocidad contractual».
Facua destaca que transcurrido el plazo de un año en la mayoría de estas aerolíneas (dos años en el caso de Transavia), las tarjetas caducan sin posibilidad de recuperar el saldo cargado. Esta situación permite a las compañías «resolver unilateralmente el contrato» y apropiarse del dinero pagado sin haber prestado ningún servicio al consumidor.
La organización recuerda que, en 2011, la Comisión de Cooperación de Consumo calificó de abusiva esta cláusula en tarjetas regalo de algunas empresas, al verla como una condición general no negociada que perjudica al consumidor y genera un desequilibrio importante entre las partes, contraria a la buena fe. Además, ese mismo año, la Junta de Andalucía multó a una cadena textil con 20.000 euros por ofrecer tarjetas regalo con caducidad.
Particularmente en el caso de Ryanair, Facua critica que la aerolínea aplica una «tasa administrativa», cuyo costo varía según el tipo de tarjeta: dos euros en formato digital y cinco en físico.
A juicio de Facua, esta tasa es «en sí otra práctica abusiva», ya que carece de justificación objetiva y representa un costo adicional para el consumidor.
La denuncia de Facua se basa en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que considera abusiva cualquier cláusula que genere falta de reciprocidad en el contrato, perjudique al consumidor y permita al empresario quedarse con cantidades abonadas por prestaciones no efectuadas. Respecto a la «tasa administrativa» de Ryanair, el artículo 89 de la misma ley califica de abusivas las cláusulas que imponen servicios no solicitados o se incrementan por servicios accesorios sin claridad o posibilidad de rechazo.
