El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha emitido un comunicado en el que critica con dureza el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat para avanzar hacia un modelo de financiación singular para Cataluña. A su juicio, este pacto sigue sin concretar cuestiones clave y añade un "grado notable de confusión" al debate territorial.
De la Fuente señala que el acuerdo "no clarifica en absoluto" los detalles de la propuesta original, surgida del entendimiento entre PSC y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa. El nuevo pacto, en el marco de la Comisión Bilateral entre el Ejecutivo español y el catalán, tampoco despeja las dudas sobre cómo se vería afectado el conjunto del sistema de financiación autonómica.
El economista teme que se esté gestando "una gestión tributaria descentralizada a la carta", más cara, más compleja y, además, menos eficaz, sin un retorno claro para el autogobierno.
"Patada adelante y a esperar el próximo episodio. Que el Señor ilumine al guionista y le conceda el don de la claridad expositiva"
Aunque reconoce un tono menos beligerante en los últimos documentos, Fedea considera que la ambigüedad de las propuestas actuales impide valorarlas con rigor. "Habrá que esperar a que se lleven al Congreso medidas normativas concretas", afirma De la Fuente, quien ironiza sobre el estado actual del debate: "Patada adelante y a esperar el próximo episodio. Que el Señor ilumine al guionista y le conceda el don de la claridad expositiva".
Reacciones ante lo ocurrido
Las reacciones no se han hecho esperar. Expertos como Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre han calificado la financiación singular como una extensión del "privilegio del cupo vasco", disfrazado de justicia fiscal. Ambos alertan de que se parte de una lectura interesada sobre la supuesta infrafinanciación catalana, que oculta desequilibrios en el gasto público de la Generalitat. Diego Martínez, también economista en Fedea, ha llegado a calificar la propuesta de "terraplanismo fiscal", advirtiendo que rompe con los principios de equidad y solidaridad entre territorios.
Desde otras comunidades autónomas, como Canarias o Madrid, se ha expresado un fuerte rechazo. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha denunciado que el nuevo sistema "quitará dinero a los canarios para dárselo a los catalanes", poniendo en peligro los servicios esenciales en las islas. En Madrid, la inquietud se centra en el efecto arrastre que podría tener un modelo singular, agravando la fragmentación fiscal y trasladando una mayor carga a las regiones que más aportan.
En defensa del acuerdo, la consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado que se trata de una estructura "solidaria y buena para todos". Ha anunciado además que la Agencia Tributaria de Cataluña asumirá la recaudación del IRPF en 2026, en una muestra de avance hacia una mayor soberanía fiscal.
Desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reiterado que el modelo será extensible a otras comunidades, y que se enmarca dentro de un proceso progresivo y respetuoso con la legalidad.
La ambigüedad de los documentos firmados, las contradicciones entre acuerdos, y la falta de una propuesta legislativa clara mantienen en vilo a gobiernos regionales, partidos y expertos. El Congreso será la próxima estación de este proceso, donde el relato deberá transformarse en ley, y donde se medirá la verdadera viabilidad de un modelo que, para muchos, pone en juego los pilares del equilibrio fiscal en España.
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