Francia se enfrenta a uno de los planes de ajuste más drásticos de su historia reciente. El primer ministro François Bayrou ha anunciado un paquete de recortes por valor de 44.000 millones de euros para el ejercicio 2026, con el objetivo de frenar el crecimiento de la deuda pública, que ya supera el 113 % del PIB y amenaza con disparar el coste de los intereses a niveles insostenibles. Según Bayrou, cada segundo la deuda francesa crece en 5.000 euros, y si no se actúa ahora, los pagos por intereses podrían alcanzar los 100.000 millones anuales a finales de la década.
El plan contempla medidas de gran impacto social. Entre las más polémicas se encuentran la congelación de las pensiones, los salarios de los funcionarios y todas las prestaciones sociales durante 2026, lo que Bayrou denomina un "año blanco". Además, se eliminarán 3.000 empleos públicos -uno de cada tres jubilados no será reemplazado-, y se suprimirán dos festivos nacionales (el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, Día de la Victoria) para aumentar la productividad. En el ámbito sanitario, se recortarán 5.000 millones de euros, se reducirán los reembolsos de tratamientos considerados no esenciales y se duplicará la franquicia médica anual de 50 a 100 euros.
En paralelo, el Gobierno planea introducir nuevas medidas fiscales, como una “contribución de solidaridad” dirigida a las rentas más altas, impuestos adicionales a paquetes importados desde el extranjero y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal, con una previsión de ingresos extra de casi 10.000 millones de euros.
El contraste es evidente: mientras se aplican estos recortes, el gasto en Defensa aumentará un 10 % en dos años, y se mantienen inversiones estratégicas como las del programa "Francia 2030", valorado en 54.000 millones de euros. Esta dualidad ha sido criticada tanto por la oposición como por sindicatos y analistas, que señalan la dificultad de explicar un ajuste tan severo en lo social mientras se priorizan otras partidas.
Las reacciones no se han hecho esperar. La oposición política -desde la izquierda de Jean-Luc Mélenchon hasta la extrema derecha de Marine Le Pen- ha amenazado con presentar una moción de censura si el Ejecutivo intenta aprobar el plan sin debate parlamentario. Por su parte, los sindicatos han convocado movilizaciones a partir de septiembre y denuncian un ataque frontal contra el Estado del bienestar. El Gobierno, que no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional, podría recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para imponer el plan sin votación, lo que aumentaría aún más la tensión política y social.
La prensa francesa ha reflejado la gravedad del momento. Mientras medios como Le Monde y Libération destacan el carácter urgente y excepcional del plan, Le Figaro subraya el riesgo de una deriva populista si se frustra el ajuste. Algunos economistas alertan de que el país podría encontrarse ante un "momento Grecia", si no logra frenar a tiempo su espiral de endeudamiento.
Bayrou ha querido transmitir un mensaje de responsabilidad: "Es ahora o nunca. Tenemos que actuar antes de que sean los mercados quienes impongan los recortes". Sin embargo, los próximos meses serán decisivos para saber si su Gobierno logra sortear la tormenta política y social que se avecina, y si este ajuste marcará el inicio de una nueva etapa de disciplina presupuestaria o el principio de una crisis institucional de gran envergadura.
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