Las movilizaciones previstas en Francia para el 10 de septiembre de 2025 se anuncian como uno de los acontecimientos sociales y políticos más tensos de los últimos años. Bajo el lema “Boicot, desobediencia y solidaridad”, el colectivo ciudadano “¡Bloqueen todo! Movilización 10 de septiembre” ha logrado, en apenas unas semanas, pasar de ser un fenómeno surgido en internet a una convocatoria nacional capaz de inquietar al Gobierno, a los sindicatos y a los partidos políticos.
El origen de la protesta está en el proyecto de presupuestos para 2026, presentado por el primer ministro François Bayrou el pasado 15 de julio. Con un plan de austeridad que prevé 43.800 millones de euros en recortes, la propuesta incluye medidas especialmente sensibles para la población: la eliminación de dos días festivos de fuerte carga simbólica (el Lunes de Pascua y el 8 de mayo), un recorte de 5.000 millones en sanidad y el congelamiento de las pensiones. Estas decisiones, que el Ejecutivo justifica por la necesidad de reducir déficit y deuda pública, han sido percibidas como un ataque directo a derechos sociales conquistados y como una muestra de desigualdad en el reparto de esfuerzos.
El colectivo “¡Bloqueen todo!” se ha mantenido independiente de sindicatos y partidos, y ha organizado su estrategia principalmente a través de redes sociales como X (antiguo Twitter), TikTok y Facebook. Los hashtags #10September2025 y #10September han ganado fuerza, mostrando una capacidad de viralización que recuerda a los inicios del movimiento de los chalecos amarillos. Sin embargo, esta vez no hay un símbolo unificador como el chaleco fluorescente: lo que aglutina la indignación es la idea de que el país debe detenerse para frenar lo que llaman “la destrucción social” del Gobierno.
El plan de acción va más allá de las manifestaciones tradicionales: boicot a grandes superficies como Carrefour, Auchan y Amazon, retiro masivo de dinero de bancos acusados de especulación, y ocupación pacífica de espacios públicos y administrativos. El objetivo declarado es “paralizar la máquina económica” y demostrar que la ciudadanía organizada puede tener un peso real frente a las instituciones.
La comparación con los chalecos amarillos surge de manera inevitable. Ambos movimientos nacieron desde abajo, en gran medida fuera de las estructuras sindicales y partidarias, con un fuerte componente digital y una lógica de autoorganización. No obstante, a diferencia de 2018, la coyuntura actual está marcada por una crisis política de primer orden: el Gobierno Bayrou afronta un voto de confianza en la Asamblea Nacional y la posibilidad real de caer. Así, la movilización del 10 de septiembre puede convertirse en un catalizador que precipite aún más la inestabilidad política en Francia.
La situación ha generado reacciones encontradas. En la izquierda, figuras como Jean-Luc Mélenchon han llamado a unirse al movimiento, vinculando la protesta no solo al rechazo al presupuesto, sino también a la posibilidad de forzar la dimisión del presidente Emmanuel Macron. En la derecha radical, sectores próximos a Marine Le Pen han preferido mostrarse más prudentes, aunque en redes sociales ciertos perfiles afines a la extrema derecha han intentado capitalizar el malestar. Mientras tanto, los sindicatos observan con cautela: aunque reconocen la indignación, muchos prefieren reservar fuerzas para la jornada de huelga intersindical prevista el 18 de septiembre, más estructurada y bajo control sindical.
El terreno donde más se notará el impacto del 10 de septiembre será el transporte. La SNCF prevé perturbaciones muy graves en varias de sus líneas, especialmente en el RER D y las líneas H, K y R. La CGT Cheminots y SUD-Rail han llamado a la huelga, buscando un “bloqueo ferroviario”. En cambio, la RATP anuncia un servicio casi normal en metro y autobuses, salvo algunas afectaciones puntuales en el RER B. Esto podría amortiguar parcialmente el impacto en la región de Île-de-France, aunque no evitará que miles de usuarios sufran interrupciones.
El Gobierno, consciente de los riesgos, prepara un fuerte dispositivo policial. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha advertido que se esperan “acciones espectaculares” más que marchas multitudinarias, con el objetivo de generar visibilidad mediática. El Ejecutivo teme que la combinación de la posible caída del Gobierno Bayrou y una movilización popular espontánea genere un escenario de gran inestabilidad, difícil de controlar.
