Del 9 al 12 de diciembre, la sanidad pública española lidera una huelga nacional de médicos y facultativos convocada en todas las comunidades autónomas. En los carteles que cuelgan de las puertas de los centros de salud y hospitales se lee "Por una vez, todos unidos" y "Basta ya". Detrás de esos mensajes hay un malestar que no nace de un día, sino de años de acumulación de jornadas interminables, guardias obligatorias y la sensación de que la reforma que prepara el Ministerio de Sanidad no corrige estos problemas, sino que los consolida.
El detonante es el borrador del nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud. Esta norma, llamada a regular las condiciones laborales del conjunto de los profesionales sanitarios, es percibida por los médicos como la gota que colma el vaso. En los folletos difundidos por los sindicatos se explica que el texto fija una jornada media de 45 horas semanales, calculada en cómputo cuatrimestral, y permite que los horarios se distribuyan entre las siete de la mañana y las diez de la noche según "necesidades asistenciales". Sobre el papel suena a flexibilidad; en la práctica, temen que se traduzca en semanas muy superiores a las 40 horas y en turnos que cambian sin margen de conciliación.
Pero el verdadero epicentro del conflicto son las guardias. Los médicos recuerdan que ningún otro trabajador tiene normalizado trabajar 24 horas seguidas; ellos sí. Las guardias siguen siendo obligatorias, por lo general hasta los 55 años, y en muchos servicios se encadenan varias al mes. Tras una guardia de 24 horas el descanso habitual es de un día, cuando los facultativos sostienen que, por fatiga y seguridad, deberían equivaler a varios días de recuperación. A esto se suma que la hora de guardia se paga por debajo de la hora ordinaria, pese a realizarse de noche, en festivo o en fines de semana, y que esas horas no cuentan como tiempo trabajado a efectos de jubilación, aunque tributan íntegramente en el IRPF. Las llamadas "guardias localizadas", en las que el médico debe estar pendiente del teléfono sin estar físicamente en el hospital, apenas aparecen reguladas y pueden acumularse casi sin límite.
El borrador tampoco tranquiliza en materia de descansos. Los textos que los sindicatos reparten entre la población señalan que el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas podría anularse por "necesidades organizativas" y que el descanso semanal, fijado en 72 horas cada 14 días, admite reorganizaciones que permiten concentrar mucho trabajo en periodos cortos para compensar después. Se prevé además la creación de sistemas de cobertura de incidencias obligatorios y sin retribución, algo que los profesionales temen que derive en más horas de disponibilidad gratuita.
En ese contexto, muchos médicos sienten que sus derechos laborales quedan siempre supeditados a las necesidades del servicio. Reducciones de jornada, permisos o medidas de conciliación aparecen, a su juicio, como derechos "condicionados" que pueden quedar en suspenso cuando falta personal. "Las necesidades asistenciales se anteponen a la salud del facultativo y a sus derechos", resumen algunos de estos documentos. La idea que transmiten es que, en caso de conflicto, el profesional siempre pierde.
El conflicto tiene también una dimensión de reconocimiento profesional. Para alcanzar la condición de médico especialista se necesitan seis años de carrera, un año de preparación del MIR, entre cuatro y cinco de residencia y una formación continuada que se prolonga durante toda la vida laboral. Pese a ello, los sindicatos denuncian que el Estatuto no contempla una reclasificación específica que refleje este nivel de formación y responsabilidad y temen que se tienda a equiparar la categoría de los médicos con otras profesiones sanitarias sin valorar ese recorrido. En el caso de los médicos internos residentes, los MIR, señalan que buena parte del sistema se sostiene sobre sus hombros, con guardias prolongadas y salarios inferiores a los de otras categorías no médicas: “mano de obra barata”, en palabras de los propios folletos.
El objetivo de las organizaciones médicas
En este punto, las organizaciones médicas subrayan que su objetivo es precisamente contar con un estatuto propio para los médicos, no por considerarse mejores que nadie, insisten, sino porque hasta ahora sus condiciones laborales han sido negociadas en gran medida por personal no médico que no comparte ni su formación, ni su nivel de responsabilidad, ni un conocimiento real de su labor diaria. Recuerdan que un hospital podría seguir funcionando de forma precaria solo con médicos -aunque falten auxiliares, enfermeras o celadores-, pero que sin médicos el sistema sencillamente no puede existir, y que esa centralidad asistencial debería reflejarse también en la norma.
Todo esto se produce, además, en un contexto que los facultativos describen como de agotamiento emocional. No se consideran profesión de riesgo, pese a que, según sus datos, presentan tasas de ansiedad, depresión y riesgo de suicidio superiores a la media de la población. "Si el médico enferma, ¿quién va a velar por el paciente?", se preguntan en uno de los mensajes dirigidos a la ciudadanía. La frase resume bien el salto que quieren dar en el relato: no es solo una reivindicación corporativa, sino una advertencia sobre la sostenibilidad del sistema.
La protesta se dirige de manera muy explícita al Ministerio de Sanidad y, en particular, a la ministra. Como responsable política del borrador, los sindicatos le reprochan no haber incorporado sus principales reclamaciones: una jornada real de 35 horas como la del resto de empleados públicos, una reforma profunda de las guardias que las haga mejor pagadas, computables para la jubilación y, a partir de cierta edad, voluntarias; descansos garantizados que no puedan anularse de forma sistemática; una reclasificación profesional que reconozca la carrera médica y, en definitiva, un modelo que deje de apoyarse en semanas de 60 o 70 horas.
La mala planificación, explican, ha provocado que no se formen suficientes especialistas y que muchos jóvenes opten por marcharse al extranjero o al sector privado. Eso alarga las listas de espera y obliga a quienes se quedan a asumir más carga asistencial.
En los pasillos de los hospitales, los carteles de la huelga conviven estos días con las citaciones aplazadas. En uno de ellos se lee: "La sanidad pública lleva décadas sostenida por el esfuerzo desproporcionado del colectivo médico. Todos debemos respaldar la huelga". Más allá de las consignas, el mensaje que los profesionales intentan trasladar es que el sistema ha vivido demasiado tiempo de ese esfuerzo extra y que el nuevo Estatuto debería servir para corregirlo, no para convertirlo en norma. El desenlace de la negociación entre los sindicatos y el Ministerio marcará si esta huelga se convierte en un punto de inflexión o en el primer capítulo de un conflicto más largo sobre el futuro de la sanidad pública.
