Isabel Rodríguez critica la propuesta del PP sobre la Ley del Suelo
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha expresado sus críticas hacia el Partido Popular (PP) por su actitud contraria al consenso mayoritario de los ciudadanos en relación con la Ley del Suelo. En declaraciones realizadas en Utiel, Rodríguez hizo hincapié en que ya existe un texto «riguroso y excelente» registrado en el Congreso de los Diputados que, a su juicio, podría haberse enriquecido con las aportaciones de todos los grupos, incluido el del PP.
Rodríguez recordó que la propuesta del PP, que fue presentada hoy en el Senado, se enfoca en reformar aspectos como «poner fin a las zonas tensionadas y al índice de los precios de referencia de los alquileres». La ministra subrayó que el Gobierno ya cuenta con una Ley del Suelo que considera esencial y lamentó que aún no haya sido aprobada, a pesar de su calidad técnica y de su capacidad para proporcionar las respuestas necesarias para el sector.
Las modificaciones de la Ley son urgentemente solicitadas por ayuntamientos y comunidades autónomas
La ministra subrayó que, aunque su iniciativa era susceptible de mejora, el PP ha optado por «aprovechar» esta situación para ir contra la corriente del consenso mayoritario de la ciudadanía, que exige una regulación para la reducción de los precios en el mercado de alquiler. Además, enfatizó que el suelo es «la materia prima para la construcción de vivienda», lo que lo convierte en un bien de gran valor a proteger de la especulación. Rodríguez recordó que la Constitución no solo establece el derecho a la vivienda en su artículo 47, sino que también impone la obligación a los poderes públicos de velar contra la especulación sobre el suelo.
La ministra concluyó lamentando que las modificaciones de la Ley aún no estén en vigor, pese a ser demandadas por distintos sectores, incluidos aquellos dirigidos por el propio Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Destacó que estas reformas son fundamentales para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible y para proporcionar seguridad jurídica a las administraciones en su labor de planificación urbanística.
