La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha activado cinco líneas de investigación para esclarecer las causas del apagón eléctrico que afectó a varias zonas de España el pasado 28 de abril. Así lo ha confirmado su presidenta, Cani Fernández, quien ha explicado durante su participación en los cursos de APIE en Santander, que el sistema español, pese a contar con mecanismos de control, falló en un momento crítico, y que las sanciones podrían ascender hasta los 60 millones de euros si se confirman incumplimientos por parte de los actores implicados.
España, en la "cola" del sistema
Una de las claves del incidente fue su origen transfronterizo. Según ha explicado Fernández, se está investigando si el apagón se desencadenó a raíz de oscilaciones de tensión iniciadas en el centro de Europa, que acabaron trasladándose al sistema español con una intensidad mayor. “España está al final del sistema. Cuando algo ocurre en el centro de Europa con una intensidad pequeña, a nosotros nos llega amplificado”, ha explicado.
El regulador todavía no ha determinado por qué se produjeron esas oscilaciones ni por qué el sistema español no fue capaz de neutralizarlas, a pesar de contar con mecanismos técnicos para ello. Las primeras medidas adoptadas por Red Eléctrica —como la reducción de exportaciones a Francia y Portugal— sirvieron para mitigar las oscilaciones, pero también provocaron una elevación progresiva de la tensión que agravó la situación.
Renovables bajo lupa
Una parte de la investigación se centra en la respuesta de las instalaciones de generación, especialmente las renovables. Estas tienen la obligación de compensar las pérdidas de tensión mediante la inyección de energía reactiva, pero su respuesta “no fue la esperada”, según la CNMC.
El organismo quiere determinar si las instalaciones cumplieron con sus obligaciones, si había suficiente generación capaz de sostener la tensión y por qué varias instalaciones renovables se desconectaron en un momento clave. Se investiga si esas desconexiones fueron debidas a fallos en los equipos, errores de configuración de las protecciones o decisiones operativas incorrectas.
Reacción en cadena y papel de los distribuidores
Otro eje del análisis está en el comportamiento de la red de distribución. La CNMC estudia si los distribuidores contribuyeron, por acción u omisión, a agravar los problemas del sistema de transporte. Una mejor coordinación, según Fernández, podría haber limitado el impacto de una reacción en cadena que fue muy difícil de frenar.
De hecho, una de las líneas de investigación busca precisamente esclarecer si ese efecto dominó pudo haberse evitado, lo que permitiría fortalecer el sistema de cara a futuras contingencias.
Sanciones, interconexiones y futuro
La presidenta de la CNMC ha confirmado que ya se están instruyendo procedimientos que podrían derivar en sanciones de hasta 60 millones de euros, además de medidas como la inhabilitación de operadores o la pérdida de autorizaciones administrativas, en caso de que se demuestre que hubo incumplimientos graves. “Eso puede garantizar la disuasión de futuras actuaciones similares”, ha advertido.
Aunque el organismo regulador no tiene competencia sancionadora directa en todos los casos —algunos expedientes los instruye la CNMC, pero los resuelve el Ministerio—, Fernández ha reivindicado la necesidad de contar con los recursos suficientes para ejercer su labor con independencia y eficacia, sobre todo en momentos como este, que definió como "el punto álgido de nuestra labor reguladora".
Por último, ha hecho un llamamiento claro a retomar con urgencia los procesos de interconexión eléctrica con Europa, especialmente con Francia, que ha retrasado proyectos clave. “Reclamamos con fuerza que se ejecuten. La Comisión Europea ya ha instado a Francia a imponer plazos”, ha recordado Fernández, para quien una red más interconectada es también una red más segura frente a crisis como la vivida el 28 de abril.
