Los trabajadores de la construcción han levantado la voz. En un sector donde el esfuerzo físico extremo, la exposición a condiciones climáticas adversas y la alta siniestralidad son parte del día a día, la reclamación es clara: poder jubilarse antes, sin penalizaciones. El reciente real decreto aprobado por el Gobierno para facilitar la jubilación anticipada en profesiones especialmente duras ha abierto una vía que el sector de la construcción quiere recorrer de inmediato. Su demanda: adelantar la edad de retiro a los 60 años para más de un millón de trabajadores.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de mayo, establece el procedimiento para reconocer coeficientes reductores que permitan acceder antes a la jubilación en ocupaciones penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. Esta nueva vía, que permite el retiro desde los 52 años en casos justificados, requiere que los sindicatos, patronales o incluso las administraciones soliciten formalmente la evaluación de los puestos afectados. Una comisión técnica será la encargada de estudiar las peticiones en base a indicadores objetivos como la siniestralidad, la exposición a riesgos o la imposibilidad de adaptar el puesto.
En este contexto, la construcción ha sido el primer gran sector en mover ficha. Los sindicatos UGT FICA y CCOO Hábitat han solicitado que se reconozca a peones, albañiles, electricistas, yesistas y otros perfiles como ocupaciones susceptibles de beneficiarse del nuevo modelo. Aseguran que más de un millón de trabajadores se encuentran en situaciones que justifican la jubilación anticipada, y que mantenerlos en las obras más allá de los 60 años no solo pone en riesgo su salud, sino también sus vidas.
Los datos refuerzan sus argumentos. Según cifras aportadas por CCOO, en 2024 se produjeron 86.000 accidentes laborales en la construcción, un 65 % más que en 2020. De ellos, 17.000 fueron protagonizados por trabajadores mayores de 60 años. Además, 126.000 obreros de más de 60 siguen en activo, y 17.000 tienen más de 65 años. "Queremos salud, no un ataúd", coreaban decenas de manifestantes frente al Ministerio de Seguridad Social el pasado mayo. Para los sindicatos, permitir que sigan en obra personas de esa edad es una injusticia y una amenaza para su integridad.
La normativa establece que, si se acepta una solicitud de coeficiente reductor, las empresas deberán asumir una sobrecotización que compense el coste del adelanto de la pensión. Y aquí es donde ha surgido el conflicto con la patronal. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se ha mostrado contraria a que el coste recaiga sobre el sector. Su presidente, Pedro Fernández Alén, considera que no es el momento ni la vía adecuada, y que debería ser el Estado quien asuma la carga económica.
Mientras tanto, el Gobierno ha prometido agilidad en la implementación del nuevo procedimiento. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que se trata de una cuestión de justicia social y que responde a una realidad innegable: hay trabajos que, por su dureza, no pueden alargarse hasta los 67 años. En los próximos meses, se constituirá la comisión evaluadora y comenzarán a tramitarse las primeras solicitudes. Si se acepta la del sector de la construcción, se sentará un precedente importante que podría ser replicado por otros colectivos como transportistas, camareras de piso o personal asistencial.
Para los trabajadores del andamio, del cemento y del ladrillo, no se trata de un privilegio, sino de una necesidad. “No podemos ser tan mayores en la obra”, advertía Mariano Hoya, secretario general de UGT FICA. La lucha por una jubilación anticipada sin castigo fiscal ha comenzado, y la construcción no está dispuesta a bajar los brazos.
