A simple vista, el crecimiento de ICE parece otra batalla más en la larga guerra política sobre inmigración en Estados Unidos. Pero lejos de los discursos y las ruedas de prensa, el cambio también se mide en los presupuestos al alza, en edificios que cambian de función y en contratos que convierten la aplicación de la ley migratoria en un sistema económico de gran escala.
Hoy, el trabajo de ICE no se sostiene solo con agentes federales. Detrás hay empresas que gestionan instalaciones, compañías que proveen servicios médicos, contratistas que coordinan traslados y firmas tecnológicas que desarrollan herramientas para localizar y analizar datos de personas bajo investigación. Es una red que se extiende mucho más allá de una agencia gubernamental y que, con cada ampliación operativa, mueve más dinero público hacia manos privadas. Los documentos presupuestarios del Department of Homeland Security muestran que ICE opera con miles de millones de dólares y una estructura de personal amplia. Pero el detalle importante no es solo cuánto gasta, sino cómo lo gasta.
Una parte significativa del funcionamiento diario no lo hace el Estado directamente. Lo hacen empresas contratadas. Es decir, centros gestionados por operadores privados o subcontratados, servicios de seguridad, alimentación, mantenimiento, sanidad, transporte de detenidos, y, cada vez más, herramientas tecnológicas para identificar y localizar personas. Es decir, el crecimiento de ICE implica, casi inevitablemente, crecimiento de una red de proveedores.
Esa expansión se ve, primero, en lo físico. En los últimos meses, investigaciones de The Washington Post han descrito cómo el gobierno ha recurrido a un método rápido para ampliar capacidad: adquirir o adaptar grandes instalaciones, incluidos almacenes industriales, para usos vinculados a la detención. En Social Circle, Georgia, el Post describe cómo la reacción no fue la típica protesta con pancartas, sino una reunión municipal donde un vecino resumió el sentimiento con una frase muy concreta: “I’m supportive of the president, but I don’t particularly want this” (“apoyo al presidente, pero no quiero esto”).
Para las comunidades donde se ubican estas instalaciones, el impacto es contradictorio. Por un lado, llega empleo a través de seguridad, mantenimiento, limpieza, catering, transporte... Por otro, llegan costes y tensiones. Es decir, más presión sobre emergencias, hospitales, infraestructuras y servicios municipales. Y llega un conflicto político local que suele repetirse ya que vemos a vecinos que piden transparencia, autoridades locales que reclaman voz, y un gobierno federal que opera con margen amplio.
El corazón económico del sistema es la detención. Cada persona detenida genera un coste diario (alojamiento, vigilancia, comida, sanidad, administración, traslados). Cuando el volumen de detenidos sube, el gasto sube con él. Y cuando la estancia media se alarga, la factura aumenta todavía más. En ese punto, el debate deja de ser solo ideológico y se convierte en un tema de contabilidad. ¿Cuánta capacidad se paga? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué controles?
La otra gran palanca de expansión es la tecnología. La detención ya no es solo tener camas, también implica albergar datos. Programas de localización y gestión de información han pasado a formar parte del modelo operativo. La cobertura de The Washington Post sobre contratos de rastreo y servicios asociados retrata un sistema donde empresas privadas aportan herramientas para identificar, seguir y localizar a personas. Esto amplía el alcance del enforcement sin necesidad de abrir un nuevo centro visible (basta con ampliar software, bases de datos, equipos y servicios).
Y es en ese punto donde la historia se vuelve internacional. La polémica alrededor de Capgemini mostró hasta qué punto esta economía del enforcement puede cruzar fronteras. Según Reuters, la presión política y sindical en Francia por un contrato ligado a servicios de rastreo para ICE acabó empujando a la empresa a desprenderse de la unidad implicada. Lo relevante no es solo el contrato en sí, sino el precedente: una empresa global puede sufrir coste reputacional y político por participar en el ecosistema tecnológico de la aplicación migratoria en Estados Unidos.
Aun así, el impacto más silencioso ocurre en el mercado laboral. En sectores que dependen de mano de obra inmigrante (agricultura, hostelería, construcción, cuidados) una aplicación más agresiva puede traducirse en escasez de trabajadores, rotación más alta, presión salarial y costes mayores. Y, a veces, eso se traslada a precios. También se traduce en menos producción o en más economía informal. El efecto no es siempre inmediato, pero suele sentirse con el tiempo.
Todo esto ocurre bajo una condición clave; el sistema crece si el presupuesto lo permite. La financiación de ICE depende de decisiones anuales del Congreso y del clima político del momento. Pero, una vez que se amplía infraestructura y se firman contratos, hay una inercia difícil de revertir. Los centros deben operar, los servicios se renuevan, la tecnología se actualiza. Como sucede con muchas estructuras públicas sostenidas por proveedores privados, la expansión tiende a crear su propia continuidad.
Al final, la discusión sobre ICE no es solo "frontera sí o no"; es también el debate sobre un modelo: cuánto cuesta, quién lo ejecuta, qué empresas participan, qué efectos deja en comunidades locales y qué consecuencias tiene en mercados laborales y en la reputación internacional de compañías implicadas. En esa dimensión económica (menos visible, pero decisiva) está una parte central de la historia.
