La próxima reunión del Consejo de Ministros, programada para el martes, será crucial para el futuro de la jornada laboral en España. En esta sesión, se debatirá la aprobación del proyecto de ley que propone la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin merma salarial. Esta propuesta se presenta después de más de dos meses desde su aprobación como anteproyecto y tras la recepción de los informes necesarios del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.
La contextualización de esta propuesta está directamente relacionada con la cercanía del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, donde se espera que la reducción de la jornada sea uno de los pilares de la reivindicación durante las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT. Esta situación ha generado críticas por parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que califica el momento de la presentación como un «evidente oportunismo político». La CEOE también ha manifestado su postura en contra de la imposición legal de esta medida, argumentando que podría tener repercusiones negativas en la economía, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Trabajo estima que alrededor de 12 millones de trabajadores se beneficiarán de la reducción de jornada cuando esta norma entre en vigor
Los colectivos que se espera se beneficien en mayor medida son aquellos trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos y que tradicionalmente han enfrentado jornadas laborales de hasta 40 horas semanales. Esto es particularmente relevante en sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura.
Además, el proyecto de ley no solo aborda la reducción de la jornada, sino que enfatiza la necesidad de una reformulación del control horario, que deberá ser implementada en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor. Este registro, que será digital e interoperable, permitirá a la Inspección de Trabajo supervisar en tiempo real la jornada laboral de cada trabajador, garantizando que el registro sea «objetivo, fiable y accesible». Se establecerán requisitos estrictos para asegurar la autenticidad y transparencia de los datos registrados.
Entre otras disposiciones, el proyecto también incluye el dicho derecho irrenunciable a la desconexión digital, asegurando que los trabajadores no se vean obligados a responder correos electrónicos o llamadas fuera de su horario laboral. Para facilitar esta transición, el Gobierno aspira a que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado lo más pronto posible, garantizando así un periodo de adaptación a las empresas.
A partir de la aprobación del proyecto de ley, se contemplan multas de hasta 10.000 euros para las empresas que no cumplan con las nuevas regulaciones
El endurecimiento de las sanciones por incumplimiento del registro horario y de la jornada máxima es significativo, ya que las multas se aplicarán por cada trabajador afectado, lo que representa un cambio respecto a la normativa actual. Esto se traduce en un rango de multas que oscilará entre 1.000 y 10.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.
Con la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros, se iniciará el camino hacia la negociación parlamentaria. Sin embargo, no se anticipa un proceso fácil, ya que las enmiendas propuestas en el Congreso podrían alterar lo acordado. Tanto CCOO como UGT han señalado su intención de presionar a los partidos políticos para que no se modifique el contenido pactado con el Ministerio de Trabajo.
En este contexto, la CEOE ha hecho un llamado a la responsabilidad, subrayando la importancia de considerar el impacto económico que pudiera derivarse de imponer esta reducción de jornada por ley. Las presiones de los sindicatos y la postura de la patronal se entrelazan en un escenario político que promete ser complicado en los próximos meses.
