El Tribunal General de la Unión Europea ha emitido una sentencia este miércoles que confirma que la plataforma de venta online Zalando debe acogerse a las estrictas normas de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE. Estas regulaciones imponen obligaciones adicionales para proteger a los consumidores y combatir la difusión de contenidos ilícitos.
La Comisión Europea toma una decisión firme
El tribunal ha desestimado el recurso presentado por Zalando, ratificando la decisión de la Comisión Europea de incluir a Zalando en la lista de las mayores plataformas que deben cumplir con estas nuevas regulaciones. Bruselas determinó que el número mensual de destinatarios activos de Zalando en la UE superaba el umbral de 45 millones, alcanzando más de 83 millones.
La decisión se basa en el análisis del Tribunal General sobre el número de destinatarios activos, que incluye a las personas expuestas a información de vendedores terceros a través del ‘Partner Programm’. Según el tribunal, este número alcanzaba más de 83 millones, en contraste con los 30 millones que alegaba Zalando, basado en el valor bruto de ventas.
Un debate sobre los principios legales
Además, el tribunal también ha rechazado las alegaciones de Zalando concernientes a la vulneración de principios como la seguridad jurídica, igualdad de trato y proporcionalidad, por parte de la DSA. La sentencia destaca que plataformas de gran alcance como Zalando pueden facilitar la comercialización de productos peligrosos o ilegales, subrayando que un número mensual de destinatarios igual o superior a 45 millones es significativo en la UE.
Los mercados pueden ser utilizados para facilitar la comercialización de productos peligrosos o ilegales entre una parte significativa de la población de la UE cuando su número mensual medio de destinatarios activos sea igual o superior a 45 millones.
Así, la justicia europea respalda firmemente la postura de Bruselas, asegurando que Zalando, por su alcance y volumen de usuarios, debe adherirse a las disposiciones de la DSA, orientadas en gran medida hacia la protección continua de los consumidores europeos.
