El Gobierno ha aprobado una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025 que supone un paso atrás en la senda expansiva de los últimos ejercicios. En total, se han convocado 36.500 plazas, lo que representa una caída del 9% respecto a 2024, año en el que se batió récord con más de 40.000 plazas ofertadas. El recorte, aunque previsible en el contexto de ajustes fiscales y exigencias europeas, ha reactivado la preocupación por la sostenibilidad del empleo público a medio plazo, especialmente ante el horizonte de jubiliaciones masivas que enfrenta la administración.
El Ministerio de Hacienda ha defendido que esta oferta sigue siendo "ambiciosa" y "responsable", y responde a un "contexto económico y presupuestario diferente al de años anteriores". Sin embargo, voces tanto sindicales como técnicas han advertido del riesgo de perder impulso en el proceso de modernización del Estado. La OEP se consolida así como un termómetro político y económico, atrapado entre el compromiso con la reducción del déficit y la necesidad estructural de reponer recursos humanos esenciales en justicia, seguridad, sanidad, inspección y gestión tributaria.
La cifra total se divide en 24.000 plazas de nuevo ingreso, 8.700 de promoción interna y alrededor de 3.800 ligadas a procesos de estabilización del empleo temporal, conforme a los objetivos marcados por la Ley 20/2021. Aunque el Ejecutivo insiste en que se priorizarán sectores estratégicos, como la transformación digital, la recaudación fiscal o la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, los números dejan poco margen para ocultar una tendencia de contención que marca un giro respecto al ciclo expansivo iniciado tras la pandemia.
En términos económicos, el ajuste en la OEP no es baladí. Representa una señal directa de que el Gobierno está empezando a reducir el peso del empleo público como palanca anticíclica tras cinco años de fuerte crecimiento. Entre 2020 y 2024 se ofertaron más de 160.000 nuevas plazas, muchas de ellas en sectores clave como sanidad, educación, administración general del Estado y cuerpos de seguridad. Esta expansión había servido como mecanismo de amortiguación frente a la incertidumbre del mercado laboral privado y como vector para canalizar parte de los fondos europeos vinculados a modernización y digitalización del Estado.
La marcha atrás de 2025 se produce, además, en un momento especialmente delicado. Según datos del INE y del Ministerio de Función Pública, más del 30% de los empleados públicos actuales superan los 55 años y podrían abandonar sus puestos en los próximos cinco a ocho años.
Los sindicatos han reaccionado con dureza. CSIF ha calificado el recorte de "injustificable" y ha alertado de un posible colapso operativo en áreas clave como la Seguridad Social, el SEPE, los juzgados o la inspección de trabajo. CCOO y UGT, algo más moderados, han pedido convocatorias extraordinarias antes de final de año para compensar el impacto. El clima de tensión se recrudece también por el retraso acumulado en la resolución de oposiciones anteriores, algunas de las cuales arrastran más de dos años de espera entre convocatoria y toma de posesión.
En paralelo, las comunidades autónomas y entidades locales podrían verse arrastradas por esta lógica de ajuste. Aunque cada administración tiene competencias propias en materia de empleo, la OEP del Estado suele actuar como señal de referencia. Si se generaliza el recorte, miles de puestos pendientes de convocarse (muchos ligados a sanidad, educación y servicios sociales) podrían aplazarse o cancelarse este año. Esto supondría un freno en la creación de empleo público neto, justo cuando la demanda ciudadana por servicios públicos accesibles y eficaces va en aumento.
El impacto fiscal del recorte en la OEP también es relevante: Hacienda calcula que la convocatoria actual permitirá ahorrar cerca de 250 millones de euros anuales en términos de masa salarial futura. Esta cifra encaja con el compromiso del Gobierno ante la Comisión Europea de reducir el déficit estructural al 3% del PIB en 2026. Sin embargo, algunos expertos alertan de que reducir inversión en capital humano estatal puede generar ineficiencias más costosas a medio plazo, como el colapso en trámites administrativos, menor capacidad recaudatoria o pérdida de competitividad institucional.
Pese a todo, el Ejecutivo se reserva margen para reforzar algunos perfiles prioritarios. Más de 1.000 plazas se destinarán a perfiles tecnológicos y de transformación digital, en línea con el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y los compromisos de los fondos Next Generation EU. También se prevé reforzar cuerpos relacionados con la lucha contra el fraude fiscal, la ciberseguridad y la protección de datos, aunque en volúmenes todavía muy limitados en comparación con la magnitud de la brecha digital interna de muchas instituciones públicas.
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