La Alianza Energía y Territorio Aliente, un colectivo formado por más de 200 organizaciones, ha dirigido una carta a los diputados del Congreso solicitando que voten en contra del ‘decreto ley antiapagón’. Este decreto, promovido por el Ministerio de Transición Ecológica, busca reforzar el sistema eléctrico para evitar apagones como el ocurrido el 28 de abril en la Península Ibérica. A pesar de que sus medidas están ya en vigor, necesitan ser ratificadas; de lo contrario, quedarán sin efecto.
En su carta, Aliente expresa su profunda preocupación por las medidas que consideran que aceleran la implantación de energías renovables sin respeto por el medio ambiente y el entorno rural. El colectivo argumenta que el decreto «consolida una expansión desordenada y agresiva» del sistema energético, criticando su aprobación mediante una «falsa vía de urgencia». Señalan, además, que se reducen los plazos para autorizaciones administrativas y evaluaciones de impacto ambiental, lo que consideran una amenaza al orden legal medioambiental.
Aliente alerta de que esta política «continúa atrayendo fondos de inversión que están destruyendo el país»
Uno de los puntos más críticos es la exención de la evaluación de impacto ambiental, calificada por la plataforma como «especialmente grave». Además, Aliente subraya que el ritmo masivo de implantación está promoviendo especulación y desorden, en un contexto de precios bajos durante muchas horas del día.
La carta también critica que el debate sobre el modelo energético esté dominado por el lobby industrial renovable, afectando al análisis riguroso y relegando el interés general. La plataforma defiende que un desarrollo sostenible requiere planificación que priorice eficiencia, electrificación del transporte y reducción de combustibles fósiles, sugiriendo que se exploren ubicaciones alternativas para proyectos energéticos.
El mundo rural está siendo «agredido como nunca antes se había visto»
Aliente denuncia que más de 60 mil hectáreas han sido transformadas, lo que destruye tierras fértiles y degrada paisajes, con comunidades locales quedando al margen de beneficios. Sugiere que sería «más sensato» destinar recursos a fomentar el autoconsumo, comunidades energéticas y proyectos fotovoltaicos en entornos ya urbanizados.
