La reciente sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a Airbnb ha sido recibida con buenos ojos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Asufin. Ambas entidades han subrayado la importancia de que las plataformas intermediarias asuman responsabilidades, más allá de solo obtener beneficios. Asufin ha señalado que esta multa representa un «aviso para navegantes».
La compañía sancionada, Airbnb, ha manifestado su intención de recurrir la multa, calificándola de «contraria al marco legal español y europeo». En su comunicado, Airbnb destaca su colaboración con el Ministerio de Vivienda desde la implementación de la nueva normativa sobre alquileres de corta duración, vigente desde el pasado 1 de julio. Según Airbnb, "la nueva normativa, que exige que los anuncios indiquen el número de registro, no era aplicable cuando se inició la contienda en 2024".
The ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha remarcado que esta es la segunda multa más alta impuesta por una autoridad de consumo en España, después de los 108 millones de euros a Ryanair. La OCU considera la sanción una medida en la dirección correcta para controlar el alquiler turístico, pero advierte que no se resolverá el problema del acceso a la vivienda solo con endurecer las regulaciones de alquiler temporal.
Las infracciones identificadas por Consumo abarcan un total de 65.122 anuncios en Airbnb, acusados de prácticas comerciales desleales. Las principales violaciones incluyen la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, el uso de números de licencia falsos o incorrectos, y publicidad engañosa respecto a la naturaleza jurídica de los anfitriones. Esta conducta ha resultado en una infracción grave que asciende a una sanción de 64.055.311 euros, cantidad que Consumo asegura es «seis veces el beneficio ilícito» generado por Airbnb.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada de estos anuncios emitida por el Ministerio.
OCU ha propuesto, además, medidas complementarias para abordar el problema de acceso a la vivienda, como incentivos fiscales para alquileres de larga duración a precios razonables y un sistema de protección eficaz para los hogares vulnerables.
Por su parte, Patricia Suárez, presidenta de Asufin, elogió la acción de Consumo y destacó que Airbnb ha sido sancionada por actuar sin asumir responsabilidad. Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, también apoyó la sanción, argumentando que Airbnb había sido advertida varias veces. Escarrer enfatizó la necesidad de combatir la ilegalidad no solo en alquileres vacacionales, sino también en diversos sectores como hoteles y taxis piratas.
