El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigirá a los medios este viernes tras un Consejo de Ministros extraordinario convocado para abordar el plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán. Aunque aún se desconocen los detalles específicos del plan, el Ejecutivo ha indicado que se trata de un enfoque «proporcional, perimetrado y focalizado» en mitigar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad.
El plan se estructura en cuatro ejes principales: medidas estructurales, un paquete fiscal, enfoque en sectores particularmente afectados y un escudo social para proteger a los más vulnerables. Las medidas estructurales buscan reforzar la apuesta por energías renovables y la electrificación, incentivando iniciativas como comunidades energéticas y el autoconsumo.
Un plan estructurado en cuatro dimensiones
En el ámbito fiscal, el plan pretende reducir el coste energético mediante menores cargas impositivas. frente al incremento de precios de los carburantes, se anticipa especial atención a sectores como el agrícola, la pesca y los transportistas. Además, se incluirán medidas dentro del escudo social que eviten cortes de suministro energético a los más desfavorecidos.
Sin embargo, el Ejecutivo descarta por ahora bonificaciones al precio de los combustibles como los 20 céntimos por litro de la etapa del conflicto en Ucrania, así como la reducción del IVA en alimentos. Otras medidas no contempladas en el decreto incluyen la prohibición de desahucios o la prórroga de contratos de alquiler, debido a la falta de apoyos en la Cámara.
La ministra de Hacienda ha señalado que la Comisión Europea, hasta el momento, no prevé ofrecer flexibilidad sobre las reglas fiscales ante el conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, la titular de Hacienda espera que si la situación se prolonga, Bruselas considere un cambio en su postura.
El Congreso de los Diputados discutirá y someterá a votación este decreto ley el próximo jueves, 26 de marzo. Tal como estipula la normativa, el decreto entrará en vigor de manera inmediata y deberá ser ratificado o rechazado en el plazo de treinta días. La Junta de Portavoces ha decidido una rápida tramitación en la Mesa del Congreso para agilizar su discusión en el Pleno de la semana siguiente.
