Pedro Sánchez ha presentando este lunes 13 de enero un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda en España. Estas propuestas buscan ampliar el acceso a viviendas asequibles, combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a una vivienda digna para toda la ciudadanía, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
Entre las iniciativas más destacadas está la creación de una Empresa Pública de Vivienda que gestiona más de 3.300 viviendas y cerca de 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial, destinados a la construcción de viviendas sociales para alquiler asequible. Además, este organismo integra 13.000 viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), con el compromiso de incorporar otras 17.000 en los próximos años. El Gobierno también blinda por ley que todas las viviendas públicas construidas por el Estado permanezcan indefinidamente bajo titularidad pública, impidiendo que sean vendidas al sector privado.
Al mismo tiempo, se pone en marcha un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) enfocado en la construcción modular e industrializada. Este proyecto, que se desarrolla en Valencia, busca reducir costes y tiempos de construcción, además de facilitar la reconstrucción de áreas afectadas por desastres naturales.
Para fomentar el alquiler asequible, Sánchez ha impulsado un sistema de garantías públicas que proteja tanto a propietarios como a inquilinos. Este mecanismo asegura el cobro de rentas para los propietarios y amplía la oferta de alquileres a precios accesibles, priorizando a los jóvenes menores de 35 años. Asimismo, el Ejecutivo propone una exención total del Impuesto sobre la Renta (IRPF) para quienes alquilen sus viviendas a precios ajustados al Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se ubiquen en zonas declaradas tensionadas.
Otra medida clave es la rehabilitación de viviendas vacías. El Gobierno ofrece ayudas a los propietarios que reformen sus inmuebles y los destinen al alquiler asequible durante al menos cinco años, lo que permite movilizar un importante número de viviendas desocupadas. También refuerza la regulación de los alquileres turísticos, proponiendo que tributen como actividad económica en las zonas con alta presión residencial e incluyan el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Además, condiciona las ventajas fiscales de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) a que estas promuevan el alquiler asequible y no contribuyan a la especulación.
En su conjunto, estas iniciativas incluyen un incremento del gravamen fiscal del 100% para extranjeros no residentes en la Unión Europea que compren viviendas en España, con el objetivo de priorizar el acceso a la vivienda para los residentes y reducir la presión sobre el mercado inmobiliario. Asimismo, se endurecen las inspecciones contra el fraude en los alquileres de temporada, destinando fondos adicionales a comunidades autónomas y ayuntamientos para reforzar la supervisión.
Por último, el Gobierno diseña un nuevo Plan Estatal de Vivienda que entra en vigor en 2026. Este plan amplía los programas de ayuda actuales y da prioridad a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y residentes en zonas deterioradas.
Todas las claves de la empresa pública de vivienda anunciada por Sánchez
