El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una serie de enmiendas en el Congreso en relación con la Ley de Alquileres Temporales, en las que se contempla la posibilidad de imponer multas de hasta 600.000 euros para plataformas como ‘Airbnb’ si no proporcionan datos de actividad y números de registro de los alojamientos que ofrecen. Esta medida se enmarca dentro de las propuestas del Grupo Socialista para regular de manera efectiva los alquileres de temporada y por habitaciones, cuyo uso ha sido en ocasiones utilizado para evadir el control establecido por la Ley de Vivienda aprobada en 2023.
En esencia, el PSOE sugiere que los contratos de alquiler temporales, por habitaciones y turísticos sean clasificados como contratos de corta duración, conforme al Reglamento europeo sobre la recogida de datos relativos a estos servicios. A través de esta propuesta, se busca, por un lado, que estos contratos puedan registrarse en la Ventanilla Única Digital, que fue desarrollada por el Ministerio de Vivienda a comienzos de este año, y por el otro, que estén sujetos a un régimen sancionador con multas que varían desde graves a muy graves.
Se podrán imponer multas muy graves a las plataformas en línea que incumplan la normativa europea
Según el proyecto de reforma del PSOE, las multas más severas podrían ascender hasta los 600.000 euros y prescribirían a los tres años. Esta normativa contempla también sanciones de entre 30.000 y 3.000 euros para las plataformas y personas que infrinjan la ley mediante contratos de corta duración. La cuantía de las sanciones podría incrementarse hasta en un 30% dependiendo de factores como la gravedad de la infracción, la reincidencia o el beneficio económico obtenido.
Entre los puntos destacados de la propuesta socialista, se encuentra la ampliación del tiempo de duración de un contrato de temporada hasta los doce meses, extendiéndose otros doce si las causas de temporalidad se mantienen. Si un contrato excediera el año sin justificación, se consideraría como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, aplicándose las normativas correspondientes. Para los alquileres turísticos, la duración máxima sería de 31 días, y todos los pisos deberán obtener un número de registro antes de ser publicados en plataformas en línea.
El PSOE también enfatiza la intención de aplicar la Ley de Vivienda a los alquileres por temporada, estableciendo que un nuevo contrato no deberá superar la última renta del contrato anterior en zonas de mercado tensionado. Esta medida busca garantizar que la suma de las rentas de cada habitación en alquiler por temporada no exceda los límites estipulados para la vivienda completa.
La competencia en materia contractual y de arrendamientos corresponde al Estado
Finalmente, se sugiere eliminar una disposición que fue introducida en la proposición de ley para satisfacer a Junts en relación con la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, ya que el PSOE considera que dicha competencia es de ámbito estatal.
