Este martes 3 de febrero de 2026, Pedro Sánchez ha confirmado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que ha presentado como necesaria para proteger a los menores en un entorno digital que, según su diagnóstico, se ha convertido en un espacio sin suficientes límites ni garantías.
Sánchez hizo este planteamiento durante su intervención en la World Governments Summit, celebrada en Dubái, y lo enmarcó en una estrategia más amplia de “ordenar” el ecosistema digital. La pieza central de esa propuesta es que la prohibición no se base en avisos o autodeclaraciones ("soy mayor de edad"), sino en obligar a las plataformas a implantar mecanismos efectivos de verificación de edad que bloqueen el acceso por debajo del umbral de los 16.
El anuncio, sin embargo, abre inmediatamente el debate que siempre acompaña a este tipo de medidas, el cómo se hace. La experiencia demuestra que, si el control es superficial, se esquiva con facilidad; si es muy intrusivo, puede tener un coste elevado en privacidad y en circulación de datos sensibles. Por eso, el punto más delicado no es el titular, sino el "cómo": qué tecnología se exigirá, quién la gestionará, cómo se auditará y qué responsabilidad legal recaerá en las plataformas si el sistema falla.
En los últimos meses, varios países han explorado límites similares, con edades y fórmulas distintas, lo que ha alimentado la idea de que Europa se encamina hacia un modelo más restrictivo en materia de protección de menores. En ese contexto, el umbral de los 16 años aparece cada vez más como referencia política, aunque la aplicación práctica siga llena de preguntas abiertas.
A falta de conocer el texto legal y su recorrido parlamentario, el anuncio deja claros dos mensajes: primero, que el Ejecutivo quiere que la discusión pase de la pedagogía y el control parental a la obligación regulatoria; y segundo, que el verdadero combate estará en los detalles. Es decir, qué se considera "red social", qué ocurre con plataformas híbridas (vídeo, mensajería, juegos con chat), cómo se protege a los menores sin convertir la verificación en una puerta a la identificación masiva, y cómo se garantiza que la norma sea algo más que un titular.
