El grupo parlamentario Sumar ha presentado una propuesta de reforma legal en el Congreso que busca prohibir la constitución, promoción y funcionamiento de empresas dedicadas a la desocupación de viviendas. Esta iniciativa incluye la implementación de multas que oscilan entre 30.000 y 600.000 euros para todas las actividades vinculadas a este tipo de servicios. A través de una enmienda a la proposición de ley para regular los alquileres de temporada, Sumar ha introducido una disposición adicional a la Ley de Arrendamientos Urbanos con el fin de otorgar carácter de «prohibición expresa, completa y sin excepción» a estas actividades.
La coalición argumenta que estas empresas operan fuera del marco legal establecido, suplantando funciones del poder judicial y las fuerzas de seguridad, y vulnerando derechos fundamentales, como el de la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la integridad física y moral. Consideran que es necesario "dejar fuera del tráfico jurídico cualquier forma de actividad organizada que busque desalojar personas mediante mecanismos de presión extrajudicial".
A pesar de que el Código Penal ya sanciona conductas como coacciones, amenazas y allanamientos, Sumar sostiene que la normativa actual no es suficiente para frenar la actividad de estas estructuras. Por ello, busca establecer una prohibición total, algo similar a lo que se hace con otras actividades ilícitas.
Además de las multas, Sumar propone que la participación en estas actividades implique la inhabilitación de las empresas y de sus integrantes para realizar cualquier actividad relacionada con el sector inmobiliario, así como la prohibición de contratar con el sector público durante un período de entre siete y diez años. En caso de que se lleven a cabo acciones delictivas, se aplicarán las disposiciones correspondientes según el Código Penal.
