La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha comunicado este viernes la apertura de una mesa de diálogo social para abordar la regulación del despido improcedente. Esta acción sigue el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que ha determinado que la legislación española «vulnera» la Carta Social Europea debido a la insuficiente indemnización otorgada a los trabajadores. La ministra ha utilizado su cuenta de ‘Bluesky’ para expresar que el despido improcedente «tiene que cumplir la Carta Social Europea sin excusas» y reiterar que la reforma del despido es parte integral del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. «Será una realidad», afirmó Díaz.
El CEDS, con sede en Estrasburgo, ha emitido este viernes un fallo favorable a CCOO, condenando a España por no cumplir con la Carta Social Europea en referencia a la indemnización por despido improcedente. Considera que esta es insuficiente y no ejerce un efecto disuasorio en los empresarios. Este fallo se suma a la resolución anterior de julio de 2024, originada por una denuncia de UGT, confirmando que los límites indemnizatorios españoles «no son suficientemente elevados» para reparar el daño sufrido por la víctima y funcionar como disuasorio para el empleador.
En consecuencia, es posible que no se tenga debidamente en cuenta el perjuicio real sufrido por el trabajador afectado, vinculado a las características específicas del caso
El CEDS concluye por unanimidad que existe una violación del artículo 24.b de la Carta Social Europea respecto a la indemnización por despido improcedente, la readmisión y la indemnización de trabajadores temporales contratados en fraude de ley.
CCOO denunció la situación ante Estrasburgo el 18 de noviembre de 2022, alegando que la legislación española viola el artículo 24 de la Carta Social Europea relacionado con la protección de los trabajadores ante despidos. La queja destacaba que el sistema actual impide reclamar una indemnización acorde al daño real sufrido y que no garantiza un efecto disuasorio.
Este sindicato también señaló que los contratos temporales, especialmente en la Administración Pública, resultan en indemnizaciones menores de las necesarias, considerando especialmente los casos de fraude de ley. Además, CCOO criticó la falta de autorización de los tribunales españoles para ordenar la readmisión como remedio ante despidos improcedentes, independientemente de las circunstancias o la conducta de las partes.
El CEDS considera que habría que incluir en España la readmisión como uno de los recursos a disposición de los juzgados o tribunales nacionales en los casos de despido sin una razón válida
La resolución del CEDS subraya la necesidad de que los tribunales españoles puedan evaluar la idoneidad de la readmisión y aplicar similares estándares a los trabajadores temporales y fijos. El fallo concluye que la legislación actual no resarce adecuadamente el perjuicio sufrido y no disuade suficientemente al empresario.
