La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abierto un nuevo frente en el debate económico al proponer una reforma del Impuesto de Sociedades que reduzca la carga fiscal de las pequeñas y medianas empresas y aumente la aportación de las grandes corporaciones. Su objetivo, afirmó, es avanzar hacia una “fiscalidad justa” que incentive la productividad sin debilitar la recaudación.
Durante un desayuno informativo celebrado en Madrid, Díaz sostuvo que el verdadero reto para el tejido empresarial español no es la reducción de la jornada laboral, sino una estructura tributaria que considera desequilibrada. Según los cálculos que presentó, las microempresas pagan un tipo efectivo medio del 16,5 %, frente a un 5 % en las grandes corporaciones. “Es una anomalía que quienes menos capacidad tienen soporten una presión fiscal mayor. Si queremos justicia económica, la contribución debe ser proporcional al tamaño y los beneficios”, afirmó.
La ministra defendió una revisión integral del Impuesto de Sociedades para rebajar los tipos efectivos a autónomos y pymes y aumentar la tributación de los grandes grupos empresariales, en línea con las recomendaciones de la OCDE sobre fiscalidad progresiva. Aunque evitó detallar cifras concretas, aseguró que la medida no afectará a la estabilidad presupuestaria y que podría reforzar la competitividad de las pequeñas empresas, que representan más del 95 % del tejido productivo español.
Díaz también propuso reformar el sistema de IVA aplicado a los autónomos, incorporando la directiva del IVA franquiciado que ya opera en varios países europeos. Con esta modificación, los profesionales y pequeños negocios con facturación inferior a 85.000 euros solo tendrían que presentar una declaración informativa anual, evitando adelantar impuestos por servicios no cobrados. “El actual sistema penaliza la liquidez y castiga el esfuerzo emprendedor”, afirmó.
Otro de los ejes de su plan apunta a reducir los costes estructurales que limitan el crecimiento de las pymes. La ministra defendió la creación de mecanismos que permitan a las empresas agruparse para negociar precios energéticos más bajos y abogó por la puesta en marcha de una banca pública de inversión que complemente al crédito tradicional. En su propuesta figura destinar parte de los fondos europeos Next Generation EU a una línea específica de financiación de 3.500 millones de euros anuales para compañías de menos de 50 trabajadores.
La agenda de reformas incluye además la simplificación administrativa, con una ventanilla única digital para empresas, y un endurecimiento de las sanciones contra la morosidad empresarial. Díaz subrayó que los retrasos en los pagos generan un coste financiero de unos 2.500 millones de euros anuales a las pymes, lo que calificó de “injusticia estructural”. También reclamó una revisión de la ley de segunda oportunidad para facilitar la reestructuración de pequeñas empresas con dificultades.
El plan fiscal y económico de Yolanda Díaz se articula en seis grandes ejes -Sociedades, IVA, energía, crédito, burocracia y morosidad- y busca, según sus palabras, “poner la economía al servicio de quienes la sostienen cada día: los autónomos y las pequeñas empresas”. La vicepresidenta lo define como una reforma pendiente para garantizar un crecimiento más equilibrado y sostenible.
Desde el ámbito empresarial, las reacciones han sido dispares. Las asociaciones de pymes han acogido con interés la posibilidad de un alivio fiscal, pero reclaman concreción y seguridad jurídica. Por su parte, varias patronales y analistas advierten de que un aumento de la presión sobre las grandes compañías podría afectar a la inversión y a la creación de empleo.
En el plano político, la propuesta reabre el debate dentro del Gobierno de coalición. Mientras Sumar impulsa una mayor progresividad fiscal como seña de identidad, sectores del PSOE muestran cautela ante las implicaciones presupuestarias y la respuesta de los mercados.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda ha anunciado una reducción de 2.000 millones anuales en la recaudación del Impuesto de Sociedades para fomentar la capitalización y el empleo, una medida que, según algunos expertos, podría entrar en tensión con la iniciativa de Díaz.
