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El Rey Felipe VI ha destacado que España es un país abierto al mundo, con un “extraordinario patrimonio de talento” y marcas en múltiples sectores que ofrecen “una imagen de calidad, fiabilidad, modernidad y liderazgo”. Durante la ceremonia de entrega de las acreditaciones a los nuevos Embajadores Honorarios de la Marca España, en el Palacio de El Pardo, el monarca animó a todos a contribuir para que cada día sea «más querida y respetada». Estas acreditaciones son otorgadas por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores a personas que contribuyen a mejorar o generar una imagen positiva de España. Felipe VI resaltó que, en el actual contexto internacional, marcado por profundas transformaciones económicas y geopolíticas, la imagen de un país adquiere un valor aún mayor. Agradeció la labor del Foro para fortalecer la presencia de las empresas españolas en el exterior. El monarca subrayó que España cuenta con un amplio tejido de marcas líderes que, a través de su trabajo diario, transmiten una imagen de calidad, fiabilidad y liderazgo. Dirigiéndose a los nuevos embajadores honorarios, destacó que ellos encarnan el espíritu abierto y creador que define al país. España abierta al mundo y consciente de que su mayor riqueza reside en su pueblo, sus ciudadanos En su undécima edición, han sido reconocidos como embajadores honorarios Ana José Varela, directora financiera de la OCDE en Relaciones Internacionales; Antonio Huertas, presidente de Mapfre en Gestión Empresarial; Diego González Rivas, cirujano torácico en Acción Social; Jaume Plensa, artista plástico y escultor en Arte y Cultura; Carme Ruscalleda, chef en Turismo y Gastronomía; Susana Rodríguez Gacio, médico y bicampeona paralímpica de triatlón en Deportes; y Regina Llopis, matemática y doctora en IA en Ciencia e Innovación. Antonio Huertas, en representación de la nueva promoción, enfatizó que…
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alertado sobre el incremento de quejas de familias vulnerables, a menudo con menores, afectadas por desahucios judiciales. Según el ‘Informe Anual 2025’, se han realizado 142 actuaciones relacionadas con estas quejas en comparación con 102 en 2024 y 60 en 2023, reflejando una tendencia alarmante. Una de las principales preocupaciones de las familias es la falta de información tras el lanzamiento de su vivienda, lo que genera inseguridad e incertidumbre. Gabilondo también ha criticado la percepción de pasividad de los servicios sociales, que actúan improvisadamente ante crisis de vivienda. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo insta a las administraciones a prever dispositivos de alojamiento temporal para emergencias y comunicar claramente las alternativas habitacionales a las familias afectadas. Gabilondo ha tenido que intervenir con ayuntamientos en casos graves, subrayando que los recursos temporales presentan carencias pues no están diseñados para ser viviendas permanentes. Por otro lado, el informe destaca quejas de propietarios y arrendadores sobre la moratoria antidesahucios, vigente de 2020 a 2025, y la demora en las ayudas de compensación. También se resalta la creciente dificultad en el acceso a la vivienda debido al aumento desmedido de los precios, tanto en compra como en alquiler, superando el incremento salarial. Gabilondo propone aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda para controlar los precios de alquiler y limitar el uso de viviendas para turismo en áreas afectadas. Además, sugiere mantener y mejorar las ayudas al alquiler, que deben gestionarse ágilmente. Hace un llamado a aumentar significativamente el número de viviendas públicas destinadas al alquiler, alcanzando la media europea. Las administraciones deben promover condiciones y normas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna según el artículo 47 de la Constitución También se ha recordado a las administraciones que los procesos de…
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que «recapacite» sobre el decreto anticrisis para mitigar los efectos de la crisis en Irán. Feijóo ha resaltado la importancia de incluir medidas como la deflactación de la tarifa del IRPF. La convalidación de esta norma está prevista para este jueves en el Pleno del Congreso, pero el líder popular sugiere que es posible aplazarla. Propuesta de Feijóo para modificar el decreto Feijóo ha señalado que el Gobierno no está obligado a llevar el decreto a convalidación esta semana, dado que el real decreto ya está en vigor. «Hasta el 20 de abril lo puede convalidar. Por lo tanto, no necesitamos que el jueves se vote. Eso será una decisión del Gobierno», ha declarado en una entrevista con Antena 3. El único aspecto que el Gobierno ha incorporado de las propuestas del Partido Popular es la reducción del IVA en la energía, manteniendo su rechazo a la rebaja en el impuesto de renta a las personas físicas. Crítica a las políticas energéticas del Gobierno Además, Feijóo ha expresado su desaprobación ante las disposiciones del decreto que sugieren el cierre de centrales nucleares, argumentando que dicho enfoque contrasta con el resto de Europa, donde se están manteniendo e incluso construyendo nuevas centrales con pequeños reactores. Por lo tanto, yo espero que el Gobierno recapacite , ha afirmado Feijóo. Subraya que los ciudadanos están pagando de media 3.000 euros más en el impuesto a la renta y que, por lo tanto, es necesario «actualizar» la tarifa del IRPF debido al aumento del costo de los alimentos y la vivienda. Este mes se presenta como el periodo de oportunidad para que el Ejecutivo reconsidere sus decisiones, según Feijóo. «Yo lo que planteo es que el Gobierno recapacite. Y…
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha emplazado a la Unión Europea a equiparar la vivienda con otras prioridades estratégicas como la defensa. Durante su visita a Bruselas, Collboni resaltó la urgencia de que el próximo presupuesto comunitario incluya financiación directa para abordar la crisis habitacional en las ciudades. Collboni argumentó que, al igual que se reconoce la defensa como un frente exterior, existe un frente interior que son las desigualdades. Así, definió el «acceso a la vivienda» como la principal fuente de desigualdad en las grandes urbes, y reclamó que este asunto debe estar «a la misma altura» que otros sectores en la agenda europea. La ciudadanía debe percibir que las instituciones comunitarias «se lo toman muy en serio» y que estas cuentan con recursos para apoyar a los municipios, insistió. El alcalde destacó que Barcelona está en una fase «más estructurada y sólida» para influir en las políticas europeas, buscando que el presupuesto comunitario considere la vivienda como una prioridad, con fondos directos hacia las ciudades. Reclamó recursos para impulsar la «rehabilitación, regeneración urbana o construcción de vivienda protegida», defendiendo que el nivel local debe tener un rol central en la gestión de los fondos. En cuanto al Plan de Vivienda Asequible presentado por la Comisión Europea, Collboni lo describió como un «salto cualitativo importantísimo» en un área previamente no prioritaria a nivel comunitario. Sin embargo, agregó que el siguiente paso es dotar al plan de contenido concreto y financiación, asegurando que las acciones y los fondos económicos lleguen a las ciudades y regiones. Collboni instó al Ejecutivo comunitario a mantener contacto directo con las ciudades afectadas por la crisis habitacional y a orientar las políticas europeas en consecuencia. Invitó a los responsables comunitarios a visitar ciudades como Barcelona para comprender mejor el impacto de los precios de…
El Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable respecto a la reforma del registro horario que pretendía ser implementada por el Ministerio de Trabajo. A través de esta iniciativa, el Departamento liderado por Yolanda Díaz buscaba modificar el control de las horas de trabajo para evitar manipulaciones y permitir que la Inspección realizara comprobaciones de forma remota, según han informado fuentes a Europa Press. El proyecto de Real Decreto del registro horario fue remitido al Consejo de Estado a finales de febrero bajo un procedimiento de tramitación urgente. Esto obligaba al órgano consultivo del Gobierno a emitir un informe rápidamente, a pesar de que sus dictámenes no suelen ser vinculantes. El órgano se manifestó en contra de la aprobación del Real Decreto, que originalmente formaba parte del proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, un plan rechazado anteriormente en el Congreso. Desde el Ministerio de Trabajo, consideran «incomprensible» la postura del Consejo de Estado. Según han declarado a Europa Press, criticar la medida es cuestionar el compromiso del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Han afirmado que la reforma busca garantizar que las empresas que abusan de la jornada laboral no compitan deslealmente y que se paguen las horas extraordinarias como corresponde. El diario ‘El País’ señala que el Consejo de Estado ha destacado problemas en la adecuación sectorial del nuevo registro horario, así como la carga adicional que supondría para las pymes. También se ha criticado que el proyecto se intente aprobar por Real Decreto en lugar de con una norma con rango de ley. Este dictamen desfavorable se suma a las críticas de los Ministerios de Economía y de Función Pública sobre varios aspectos del proyecto. El objetivo de la reforma es que el registro de jornada sea digital y accesible para los…
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid por «defectos sustanciales» en su tramitación. La causa principal radica en la omisión de anexos críticos sobre el estudio de generación de residuos por actividades económicas, lo que llevó a la Sala a considerar que se infringieron normas cruciales durante el procedimiento de aprobación. Esta decisión, reflejada en una resolución consultada por Europa Press, ha sido consecuencia de recursos presentados por varias instituciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024. Estos anexos, que fueron omitidos, son esenciales para fiscalizar la cuantificación del tributo. La sentencia subraya que, aunque la ordenanza fue creada bajo la obligación legal de la Ley 7/2022 de residuos, imponer sistemas de financiación basados en el principio de «quien contamina paga», esto no exime del cumplimiento de las garantías procedimentales. Se recalca la importancia del informe técnico-económico como pieza esencial para justificar la tasa, más allá de solo presentar cifras. La ausencia de esta información impidió conocer la trazabilidad entre la actividad económica y la carga tributaria, comprometiendo así la transparencia y control por parte de los ciudadanos. Ante esta anulación, los servicios del Ayuntamiento analizan la sentencia, enfatizando que las cuestiones abordadas son de índole «estrictamente formal» y explorando la posibilidad de recurrir. Destacan que el anexo faltante, elaborado por una empresa para evaluar residuos en usos catastrales no residenciales, se consideraba auxiliar y fue incorporado tras la aprobación definitiva del expediente. Fuentes municipales señalan que las sentencias no abordan cuestiones de fondo sobre el diseño o la metodología de cálculo de la tasa.
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha comunicado que el partido se dispone a examinar minuciosamente el decreto de ayudas fiscales aprobado por el Consejo de Ministros. Este decreto, que consta de ochenta medidas, fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien solo ofreció detalles escuetos sobre su contenido. La votación se celebrará el próximo jueves en el Congreso. Nadal ha sugerido que, aunque algunas medidas del decreto podrían ser «apoyables» debido a sus beneficios para los ciudadanos, el Ejecutivo tiene la costumbre de incluir disposiciones que no guardan relación con el objetivo inicial del decreto. Según él, estas a menudo se pactan con sectores «más radicales del Parlamento». Hasta que veamos el conjunto del texto y teniendo en cuenta que un real decreto ley se convalida o no se convalida, es un sí o un no, no caben enmiendas, pues no podemos pronunciarnos sobre el mismo , explicó Nadal en una entrevista para RNE, según recoge Europa Press. Además del decreto de rebajas fiscales, el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo decreto relativo a la vivienda. Este incluye medidas como la prohibición de desahucios y la prórroga de alquileres, cuestiones que ya han enfrentado al PSOE con Sumar. El PSOE descartó integrar estos puntos en el decreto de ayudas por falta de consenso parlamentario, considerando que PP, Vox y Junts han rechazado anteriormente iniciativas similares. Nadal ha declarado que el Partido Popular no apoyará este decreto de vivienda, ya que considera que «asusta» a los propietarios y retira viviendas del mercado de alquiler, lo cual incrementa la oferta. El dirigente del PP ha denunciado que el Gobierno ha vuelto a aplazar la presentación de los Presupuestos, esta vez justificándolo por la guerra de Irán. Nadal ha recordado que el Ejecutivo no…
Los ministros y líderes del partido Sumar han realizado un llamado a la movilización social para asegurar en el Congreso la prórroga de los alquileres. En una cumbre celebrada en la Cámara Baja, liderada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y varios ministros, Sumar destacó que la vivienda debe ser la principal bandera de la izquierda para vencer en los comicios generales venideros. Ministros de Sumar presionan por la vivienda en el centro de la agenda política Durante el encuentro, Díaz afirmó que sin la intervención de Sumar, los avances «no habrían sido posibles», subrayando la necesidad de posicionar la vivienda como pilar central de la acción política. Enfrentamientos recientes con el PSOE sobre este tema reflejan, según Díaz, una «misión» de movilizarse para garantizar que la prórroga de alquileres sea ratificada por el Congreso. Destacó la importancia de «ganar en la calle» y advirtió a Junts, PP y Vox sobre las consecuencias de bloquear el decreto de vivienda. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, agregó que Sumar es crucial porque el PSOE «flaquea» ante intereses económicos. Solicitó a Junts reconsiderar su oposición a la prórroga de alquileres y llamó a «retratar» a Vox para exponer su debilidad en cuestiones sociales. Mónica García, ministra de Sanidad, defendió el ‘plante’ ejercido por los ministros de Sumar durante el Consejo de Ministros para impulsar la prórroga de alquileres. Resaltó que cualquier presión que alivie a las familias es bienvenida, prometiendo «dejarse la piel» para ratificar la medida. Este decreto no solo afecta los alquileres, sino que es un pilar para impedir que la extrema derecha capitalice el malestar social Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, enfatizó que mientras el presidente Sánchez dedicó «un minuto» al decreto de vivienda, Sumar dedicará «un mes» para impulsar su aprobación. Advirtió además sobre la crueldad del PP…
La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) y la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC) han manifestado su descontento ante las recientes medidas aprobadas por el Gobierno. Estas organizaciones han calificado de «decepcionantes y perjudiciales» las acciones establecidas en el decreto-ley del plan de respuesta a la subida del precio de la gasolina, una situación causada por el conflicto en Oriente Medio. Fenadismer ha destacado que, según el decreto, los vehículos particulares se verán compensados en casi un 100% por el encarecimiento del combustible. No obstante, para los vehículos profesionales del transporte por carretera, las ayudas anunciadas resultan insufficientes, cubriendo menos del 50% del sobrecoste real acumulado. De hecho, la federación ha cifrado este sobrecoste en aproximadamente 250 millones de euros durante las tres semanas de conflicto. Fenadismer ha advertido que podría convocar movilizaciones a nivel nacional si el Ejecutivo no modifica las medidas antes de que termine marzo. Según un comunicado de la federación, «el sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación». Se anuncia una bonificación de 20 céntimos por litro para los transportistas, manteniéndose igual a la de 2023, pese a que entonces el gasóleo era más económico. Este hecho ha sido duramente criticado por la federación, que además subraya que esta ayuda quedará prácticamente reducida en un 25% debido a la eliminación del gasóleo profesional, existente desde 2007. El decreto-ley también dificulta trasladar a los clientes los incrementos de costes derivados del gasóleo, lo que sitúa a los transportistas en una posición de «total indefensión y desamparo frente a sus clientes». El decreto no ha actualizado el porcentaje que el gasóleo representa actualmente en los costos de explotación de los vehículos, agravando la «precaria situación económica» del sector…
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha calificado a la compañía ferroviaria como «una víctima» del accidente de Adamuz, y ha prometido que contribuirá a que las víctimas y sus familiares conozcan «la verdad» sin involucrarse en «especulaciones». Fernández Heredia ha expresado su compromiso con la transparencia en declaraciones recogidas por Europa Press. Álvaro Fernández Heredia ha afirmado que, al igual que en el trágico accidente ferroviario de Angrois en 2013 que causó 80 muertos y decenas de heridos, el único objetivo de Renfe es facilitar toda la información relevante a las autoridades judiciales. «Desde Renfe lo único que vamos a hacer es contribuir a que se conozca la verdad», manifestó, "lo que se merecen y quieren las víctimas". Son las declaraciones del directivo, que dice que la compañía se encuentra en busca de claridad sobre el incidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba, que dejó un saldo de 46 fallecidos. En sus declaraciones, Fernández Heredia subrayó la importancia de evitar especulaciones que generan «ruido» y no benefician a las víctimas. «Todo lo demás, desde luego, es ruido, y a quien no hace ningún bien es a las víctimas», concluyó el presidente de Renfe. Esta postura busca eliminar distracciones innecesarias y unificar esfuerzos para que se esclarezca lo sucedido con los recursos judiciales adecuados.