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El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha destacado el compromiso del Gobierno español por abordar el derecho a la vivienda, garantizado por el artículo 47 de la Constitución española. En su intervención en la Comisión de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Lucas subrayó que las medidas del Gobierno no solo están dirigidas a solucionar problemas temporales, sino que buscan establecer soluciones estructurales. Durante su comparecencia, Lucas aseguró a los grupos parlamentarios que el Gobierno está trabajando «en la buena dirección» para garantizar que el problema de la vivienda no siga repitiéndose sistemáticamente. Destacó que el artículo 47 de la Constitución no es una mera disposición, sino un mandato clave para el bienestar social. Además, reconoció la complejidad de esta problemática, afirmando que no puede resolverse con apenas unas pocas medidas. Entre las iniciativas mencionadas, Lucas destacó la aprobación de la primera Ley estatal de vivienda de la democracia, el aumento por ocho de los presupuestos, la paralización de desahucios y la eliminación de las ‘Golden Visa’. También mencionó la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y el incremento de las ayudas para jóvenes, entre otras medidas. Estas políticas buscan, entre otras cosas, movilizar viviendas y suelos de la Administración General del Estado para ofrecer viviendas asequibles. Lucas reafirmó la eficiencia de la Ley por el Derecho a la Vivienda, apelando a los gobiernos autonómicos a aplicar estos instrumentos para eliminar movimientos especulativos evidentes. Indicó que en Cataluña, los datos demuestran que la norma ayuda a controlar el incremento desmedido y especulativo de los precios de los alquileres. La política de este Gobierno, a diferencia de la de otros gobiernos, se sustenta en el consenso, en el acuerdo y así va a seguir siendo Sobre el Plan de Vivienda 2026-2030, Lucas reforzó la…
A partir del apagón general que tuvo lugar a finales de abril, un 47% de jóvenes españoles de entre 18 y 29 años ha comenzado a mantener más efectivo en casa, según revela el V Barómetro sobre la necesidad de permanencia del dinero en efectivo, elaborado por GAD3 y Denaria. Este comportamiento también se observa, aunque en menor medida, en otros grupos de edad: un 42% en la franja de 30 a 44 años, un 30% en adultos de 45 a 59 años, y solo un 26% en mayores de 60 años. En líneas generales, el 35% de la población española ahora guarda más efectivo en sus hogares que antes del apagón eléctrico. A pesar de este aumento, Narciso Michavila, presidente de GAD3, explica que para las personas mayores el cambio no es significativo ya que el uso del efectivo era habitual. La encuesta, realizada a fines de septiembre a unas 1.000 personas, sugiere que la percepción sobre el efectivo como un medio de pago indispensable sigue siendo alta, con ocho de cada diez entrevistados afirmando esta idea. Un 79% de los participantes también considera que el efectivo es un bien público No obstante, más de la mitad de los encuestados (59%) reconoce que el uso del efectivo ha enfrentado más dificultades en el último año. Los principales obstáculos son el cierre de oficinas bancarias y cajeros, mencionados por el 52%, seguido por la negativa de algunas Administraciones Públicas a aceptar pagos en efectivo (39%), y las comisiones aplicadas por su uso (43%). Otros problemas mencionados son el límite de 1.000 euros para pagos en efectivo (32%) y la nueva Ley de Vivienda que impide pagar el alquiler en metálico (31%). “El entorno operativo para acceder y usar el dinero físico se está restringiendo progresivamente”, denuncia Denaria. A pesar de…
El Consejo de Ministros se dispone a aprobar el desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de asegurar que los contratos formativos ofrezcan una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva nacional. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, manifestó la importancia de esta regulación detallando que se garantiza a los trabajadores con contratos formativos «derechos laborales plenos en relación a la retribución, el salario mínimo, la jornada laboral y el convenio». La normativa responde a un mandato de la reforma laboral, y con el nuevo Real Decreto se busca asegurar que la formación esté alineada con el entorno productivo local. Díaz subrayó que «cuanto más cercana esté la formación al lugar local, pues más exitosa será la empleabilidad». Además, resaltó que las prácticas no profesionales deben servir exclusivamente para el aprendizaje y no para suplir empleo real en las empresas. Dentro de las disposiciones, el marco reglamentario incluirá convenios de cooperación entre centros formativos y empresas, diseñados para propiciar la mejor adaptación entre estudios y actividad productiva. Se establecerá también un rígido control para asegurar que las actividades laborales desempeñadas estén vinculadas a la formación de los trabajadores con contrato formativo. «Si una persona joven se incorpora a una empresa con un contrato de formación en alternancia, va a tener, por tanto, asegurados sus derechos como trabajador o trabajadora», explicó Díaz. Un problema persistente identificado por la ministra es el uso fraudulento de los llamados falsos becarios, un fenómeno que ha reducido drásticamente el uso de contratos formativos genuinos. Actualmente, en España, hay 1,7 millones de «mal llamados» becarios, en comparación con solo 54.987 contratos formativos. Las mal llamadas becarias y becarios son una auténtica coladera para eludir derechos y salarios En este contexto, Díaz enfatizó que el reciente Estatuto…
Este martes, 25 de noviembre, el Pleno del Congreso aborda una propuesta legislativa promovida por Sumar para reformar la Ley de Vivienda de 2023. El principal objetivo de esta reforma es prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión adquieran viviendas en España. Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, es el impulsor de esta proposición que busca «frenar» la especulación en el mercado de la vivienda, especialmente causada por «socimis y fondos buitres». Sumar y su grupo plurinacional consideran prioritario y urgente presentar medidas para acabar con la especulación y el acaparamiento de viviendas por parte de unas pocas manos. Según su iniciativa, el derecho al disfrute de la vivienda se atribuye a las personas físicas, quienes realmente pueden experimentar el vivir en una casa. El grupo defiende que la propiedad de viviendas residenciales en manos de personas jurídicas no corresponde al derecho de uso y disfrute de la experiencia vital, sino que trata la vivienda como un bien de inversión para obtener beneficios económicos. La reforma propuesta por Sumar limita el derecho de transmisión de propiedad, tanto oneroso como gratuito, de viviendas a personas físicas, permitiendo a las personas jurídicas adquirir inmuebles exclusivamente para actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario. Ibáñez ha asegurado que la propuesta busca frenar la especulación y es «sencilla, con encaje constitucional y en el derecho europeo». Se muestra confiado en que la propuesta contará con apoyo parlamentario suficiente para ser admitida a trámite, calificándola de «conservadora». Aunque le gustaría entrar en el debate sobre la cantidad de casas que debería tener una persona, admitió que actualmente no hay consenso en el Parlamento sobre esta cuestión. Sin embargo, señaló que existe una mayoría que abarca desde la extrema derecha hasta la izquierda parlamentaria que desea poner…
El próximo martes, 25 de noviembre, el Pleno del Congreso debatirá y votará una propuesta legislativa presentada por Sumar para reformar la Ley de Vivienda de 2023. El objetivo central de esta reforma es prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan adquirir viviendas en España. Este movimiento es impulsado por Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, quien busca «poner freno» a la especulación en el sector inmobiliario, acción que es vista como urgente y prioritaria por el grupo plurinacional de Sumar. La iniciativa de Sumar sostiene que el derecho de disfrute de la vivienda debe aplicarse a personas físicas, quienes pueden experimentar el uso y disfrute pleno de habitar un hogar. El grupo parlamentario argumenta que la posesión de viviendas residenciales por personas jurídicas responde más a intereses de inversión que a necesidades habitacionales. Por este motivo, proponen restringir el derecho de propiedad de inmuebles residenciales a personas físicas, mientras que las personas jurídicas solo podrían tener propiedad de aquellos inmuebles destinados a actividades económicas. Alberto Ibáñez defiende que la propuesta es coherente con la Constitución y con el derecho europeo. Durante la presentación de la iniciativa en abril, declaró su confianza en obtener una mayoría parlamentaria suficiente para admitirla a trámite, describiéndola como una propuesta «conservadora». Estoy convencido de que el PNV y Junts se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitre y, por tanto, creo que puede gozar de esa mayoría parlamentaria Aunque Ibáñez expresó su deseo de discutir el límite de propiedades que puede poseer una persona, reconoció que en el Parlamento no hay consenso sobre este tema. Sin embargo, destacó que existe un apoyo transversal, desde la extrema derecha hasta la izquierda, para frenar la especulación de empresas y fondos de inversión con la vivienda.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha lanzado una advertencia contundente sobre el recorte del 18% en las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), propuesta por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034. Según el comunicado de COAG, esta reducción tendría un impacto «devastador» en la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias y afectaría directamente al presupuesto de millones de familias europeas. El ajuste previsto a partir de 2028 resultaría en una pérdida directa de 877,5 millones de euros en las rentas agrarias. Para compensar, los productores se verían obligados a incrementar un 2,32% en los precios en origen. Sin embargo, debido a la estructura de la cadena alimentaria, donde los aumentos se «trasladan con rapidez», es probable que este ajuste se multiplique hasta el consumidor final. Con la desregulación del mercado que acompaña a la reforma de la PAC, COAG destaca que se intensificará la especulación con los precios. La subida del precio de venta al público podría variar entre un 6,5% y un 9,3%, impactando notablemente el gasto del hogar. Para un consumo medio anual de 5.391 euros en alimentos y bebidas no alcohólicas, esto supondría un aumento de más de 350 euros anuales por hogar en un escenario conservador, y hasta más de 501 euros en un escenario pesimista. «El campo no puede seguir siendo la variable de ajuste de la tabla excell de la UE. Un recorte así no sólo asfixia a los agricultores y ganaderos, sino que golpea de lleno a los consumidores y pone en peligro el acceso a alimentos de calidad a precios razonables. Es demencial priorizar tanques frente a patatas», ha subrayado el secretario general de COAG, Miguel Padilla. Ante esta situación, más de 10.000 agricultores y ganaderos europeos planean manifestarse en Bruselas el 18…
Los impuestos y las prestaciones públicas desempeñan un papel crucial al reducir en aproximadamente un tercio la desigualdad de renta en España. Esta cifra proviene del último número de ‘Panorama Social’, un documento editado por Funcas para abordar temas de relevancia socioeconómica. Su número más reciente ha centrado su atención en la desigualdad, un fenómeno que ha escalado en importancia dentro de las agendas académicas y políticas. El catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda, contribuye a la publicación con un análisis detallado sobre cómo el sector público influye en la reducción de las desigualdades de renta y riqueza mediante impuestos y prestaciones. Según López Laborda, los tres quintiles de menor renta bruta reciben más en prestaciones de lo que pagan en impuestos. Por otro lado, los dos quintiles de mayores ingresos actúan como contribuyentes netos, aunque la progresividad disminuye en los tramos más altos de la distribución, especialmente para el 1% con mayores ingresos. El agregado de impuestos y prestaciones públicas tiene un efecto redistributivo positivo y reduce de manera significativa, en un 32,5%, la desigualdad de la renta para el conjunto de hogares No obstante, esta reducción es más baja comparada con los países de Europa occidental, donde la desigualdad se reduce en un promedio del 40% gracias a la intervención gubernamental. En España, las prestaciones monetarias se identifican como el principal mecanismo de redistribución, abarcando el 72% de la disminución total de la desigualdad. Este porcentaje es «muy superior» al impacto de los impuestos (2,8%) y prestaciones en especie (25,2%). Si se consideran también otros gastos públicos como servicios generales, defensa, medio ambiente, y protección social, la reducción total de la desigualdad en 2022 se estima en casi el 36%. Sin embargo, vale la pena señalar que en España, la parte de…
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha realizado un llamamiento enfático al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para que prorrogue la congelación de los contratos de alquiler y acceda a negociar la propuesta en materia de vivienda presentada por Sumar hace unas semanas. Durante su participación en el 40º Aniversario de las Escuelas Taller-Programa TándEM, Díaz destacó la creciente desigualdad que genera el acceso a la vivienda en España. En palabras de Díaz, “hoy el principal problema del país se llama vivienda. Es la gran fábrica de desigualdad”. La ministra subrayó la urgencia de que la vivienda sea el tema central de esta legislatura, especialmente por su impacto en la juventud. Denunció que en algunos barrios de España, los alquileres han aumentado entre un 20% y un 50%, cifras que sobrepasan en mucho el incremento habitual del 2%. Estamos seguras, además, de que va a tener la mayoría parlamentaria, porque no se puede golpear el futuro de este país Sumar ha presentado un Real Decreto-Ley dirigido a intervenir el mercado de la vivienda, con tres ejes fundamentales: la protección del inquilino, la lucha contra la especulación y acaparación de viviendas, y la regulación de pisos turísticos. Entre las medidas propuestas se encuentra la congelación y prórroga de contratos de alquiler hasta un mínimo de 10 años en zonas tensionadas, y la imposición de sanciones más severas para evitar la especulación. En el ámbito fiscal, Sumar propone que los propietarios de cuatro o más viviendas tributen un 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario. Asimismo, busca que los alquileres considerados “temporada” de menos de 30 días sean clasificados como turísticos, sujetos a un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21%. La propuesta pretende también reforzar el control sobre los alquileres de corta duración…
Sumar, el grupo plurinacional, presentará en el Congreso la próxima semana una propuesta no de ley que urge al Gobierno a comenzar un proceso regulatorio respecto a la producción del foie gras. Esta propuesta busca evaluar la correspondencia de la alimentación forzada con la evidencia científica, con el objetivo de llegar eventualmente a una prohibición de tal práctica para eliminar el sufrimiento animal. Sumar resalta que no todos los productores de foie gras optan por la alimentación forzada, algunos aprovechan el comportamiento alimentario natural de las aves antes de la migración. En España, se estima que anualmente cerca de un millón de patos y ocas son sometidos a alimentación forzada. Esta técnica implica sobrealimentar a los animales mediante la introducción de hasta dos kilos de pasta de maíz al día, lo que equivaldría a doce kilos diarios si se tratara de un ser humano. España es uno de los cinco países europeos, junto a Francia, Hungría, Bulgaria y Bélgica, que aún participa activamente en esta industria. La producción nacional de foie gras se concentra principalmente en regiones como Castilla y León, Navarra, País Vasco, Cataluña y Aragón. El grupo plurinacional aboga por iniciar una consulta pública para desarrollar un marco normativo que analice la compatibilidad de la alimentación forzada con la evidencia científica y la legislación vigente, teniendo en cuenta la creciente sensibilidad social hacia la protección de animales criados para la alimentación. Como parte de esta iniciativa, se insta al Gobierno a apoyar económicamente a las explotaciones que adopten métodos alternativos y sistemas de alimentación natural. Un marco europeo más flexible y ético Sumar también sugiere llevar esta discusión a las instancias europeas, solicitando la eliminación de los mínimos de peso establecidos para los hígados en la producción de foie gras. Esto, afirma, permitiría una mayor flexibilidad en la…
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha anunciado una jornada de huelga y una concentración en Madrid para el miércoles 26 de noviembre. El objetivo de esta movilización es reclamar un nuevo acuerdo de Carrera profesional conforme al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Según Gestha, la implementación de este acuerdo es crucial para evitar la pérdida de recursos y fortalecer la capacidad de la Administración en la lucha contra el fraude y el control del gasto público. La movilización surge como resultado del bloqueo que afecta a la carrera profesional dentro de la Administración. Gestha denuncia la falta de movilidad, el escaso reconocimiento a sus funciones y la complejidad de sus responsabilidades. Esta situación, según el colectivo, debilita significativamente la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público. Un dato alarmante que expone Gestha es que desde 2011, las denuncias por delitos fiscales han caído un 82%, lo cual consideran una muestra clara del débil control a los grandes evasores. Mientras tanto, se intensifican los controles sobre particulares, autónomos y pymes. Otro tema crucial que impulsa esta protesta es la necesaria movilidad geográfica y funcional que los técnicos de Hacienda consideran imprescindible. Gestha ha señalado que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) aplica un criterio inverso al ideal al ofrecer destinos. Unos 1.200 técnicos querrían trasladarse a lugares con vínculos familiares y afectivos, pero se enfrentan a restricciones debido a políticas de asignación de plazas que priorizan a quienes ingresan por promoción interna. La falta de movilidad está provocando plantillas desmotivadas y vacantes sin cubrir en territorios con alta economía sumergida Además, Gestha exige que se aborde lo que catalogan como la deuda histórica con los Técnicos, proponiendo una reorganización que permita crear estructuras más eficientes en la lucha contra el fraude…